La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria ha tramitado 49 denuncias en lo que va de año contra los menores extranjeros no acompañados que residen en el centro de la Cruz Roja. La mayoría de ellas, según ha podido saber EL CORREO, están motivadas por supuestas agresiones o amenazas sufridas por los monitores del programa educativo Zabaltzen. Sin embargo, no todas estas presuntas acciones delictivas han sido cometidas dentro de las instalaciones, sino que corresponden también a denuncias de particulares por actos ocurridos en la calle.
Las agresiones ya fueron detectadas e incluidas en el acta de inspección que la Fiscalía levantó el pasado 6 de junio, cuando visitó por sorpresa las instalaciones de la Cruz Roja. En este documento, de dos páginas y al que ha tenido acceso este periódico, alerta de «un importante aumento» de expedientes «generalmente derivados de agresiones y amenazas a los educadores».
Las 49 denuncias contra los jóvenes de Zabaltzen están incluidas en las 266 interpuestas este año en la Fiscalía de Menores de Vitoria por la comisión de presuntos delitos. Esta cifra es significativa porque supone cien más que las contabilizadas en el mismo periodo de 2007.
Pero denuncia no es sinónimo de expediente de reforma, es decir, de condena. En torno a un 40% no sigue su curso, ya sea porque la causa es sobreseída o porque es desestimada. Las medidas sancionadoras que se imponen a los chavales si son declarados culpables con menores se habla de medidas y no de penas, pueden ir desde trabajos en beneficio de la comunidad, a una libertad vigilada.
Críticas de Agirre
La Diputación, sin embargo, dejó entrever el pasado miércoles que existen varias denuncias presentadas respecto a «determinadas actitudes de algunos de estos menores extranjeros, que no sé si están teniendo tramitación por parte de la Fiscalía». Las palabras, pronunciadas «con todas las prevenciones del mundo», son del diputado general, Xabier Agirre, quien también ironizó sobre la «casualidad» de que el fiscal jefe, Josu Izaguirre, «no haya amenazado con cerrar el centro hasta que no hemos llegado un determinado equipo a la Diputación».
Estas duras acusaciones no tuvieron ayer eco en el Ministerio Público, cuyos responsables evitaron entrar en polémicas con la Diputación. Pese a todo, siguen pesando sobre el Departamento de Política Social y Asuntos Sociales las advertencias del fiscal de que o se adopta una solución «inmediata», o se verá obligado a instar su cierre.
Y es que en el acta de inspección realizada el día 6, la fiscal de Menores, Carmen Cotelo, recalca las «evidentes deficiencias» de las instalaciones de la Cruz Roja y alerta de la «carencia completa» de un programa educativo. En la visita también se constató que 6 de los 36 chicos residentes dormían en el suelo.
Desde entonces, la Diputación ha tomado cartas en el asunto y entre otras medidas, ha cambiado el grueso de los educadores con la entrada de un nuevo colectivo. Un hecho, por cierto, que ha despertado las críticas de los menores por el modo de trabajo que emplean. Además, doce chicos han sido trasladados contra su voluntad al santuario de Estíbaliz.