La Dirección General de la Policía y Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior, sembró ayer la duda durante ocho horas sobre la profesionalidad de los funcionarios de la Delegación de Gobierno de Valencia.

La información se difundía alrededor de las 13 horas. Un comunicado anunciaba que en el marco de la Operación Rosales, en la que se desmanteló una red dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, también se había arrestado a un grupo de 17 personas en Valencia. Además, “algunos de ellos funcionarios de la Administración”.

Pero el comunicado que llegó desde Madrid, además de acusar a funcionarios, añadía más confusión al suceso porque hacía referencia a una operación que se desarrolló en Valencia hace ahora más de dos meses y de la que en su día ya informó LAS PROVINCIAS.

La rectificación desde la Dirección General de Policía no llegó hasta ocho horas después de que webs, radios y televisiones ya hubieran anunciado que entre los detenidos había funcionarios. “La investigación valenciana surgió a raíz de las averiguaciones efectuadas y clarificadas hoy (por ayer) en la comisaría de Torrejón”, pero son operaciones diferentes, “ya que las acusaciones en Valencia se dieron por falsificación de documentos, inmigración ilegal y matrimonios de conveniencia”, aclaraba el comunicado difundido a las agencias. A continuación, admitían que los detenidos en Valencia pasaron a disposición judicial en abril “y entre ellos no había ningún trabajador en la Delegación del Gobierno de Valencia”.

El único vínculo entre ambas operaciones, la que se dio a conocer ayer en Madrid (operación Rosales) y de la que se informó en Valencia hace dos meses (operación Juan de España), es que las dos parten de las escuchas telefónicas a un subinspector de Policía.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS un miembro de la Subdelegación del Gobierno fue interrogado por su presunta relación con los hechos, aunque no fue arrestado. “No se encontró nada en contra de él”, indicaron las fuentes.

Las averiguaciones comenzaron hace ocho meses. Las conversaciones intervenidas al agente depararon una sorpresa a los investigadores: otro grupo delictivo operaba en Valencia. Se comunicó a las unidades de la Comunitat, que el pasado mes de abril desarrollaron la citada Operación Juan de España.


Este segundo entramado estaba liderado por J.J.C.T., el cabecilla de la red en la región valenciana. El ahora detenido, que contaba con seis teléfonos móviles para no ser localizado, disponía de una amplia infraestructura. Sus acciones consistían en apalabrar falsos matrimonios, pero también en la falsificación de documentos para extranjeros con los que, por ejemplo, acceder a puestos de trabajo.

Este grupo se dedicaba a la falsificación y la inmigración clandestina, a través de “matrimonios blancos” (de conveniencia). Este tipo de enlaces consisten en casar a un español con un extranjero para que este último logre legalizar su situación en España. A cambio, el primero recibe una compensación económica por prestarse a la farsa. Esta red ofrecía unos 4.000 euros al contrayente.

Además, la red desarticulada no se olvidaba de otros detalles imprescindibles para el engaño, como buscar testigos – a quienes pagaban 300 euros – y personas dispuestas a empadronar en su domicilio a alguno de los contrayentes. A cambio, estos últimos recibían unos 200 euros.

La Policía Nacional detectó al menos treinta matrimonios falsos en un primer momento, aunque los agentes seguían investigando hasta medio millar de expedientes que encontraron en un despacho de abogados de Valencia.

Las detenciones desarrolladas en la Comunitat tienen su origen en las conversaciones intervenidas al subinspector de policía de Torrejón de Ardoz, en la operación Rosales, que se dio a conocer ayer por parte de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

Durante esta actuación se detuvo al policía y a su mujer. Además también fue arrestado un numeroso grupo de trabajadores, la mayoría de diferentes empresas del aeropuerto de Barajas, acusados de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Incluso alguno de ellos pertenecía a una compañía aérea de bajo coste que opera en las instalaciones.

En la citada operación Rosales, también fueron detenidas otras nueve personas acusadas únicamente de estancia irregular en España, según fuentes policiales.

Todos los detenidos son de nacionalidad colombiana o de origen colombiano, aunque nacionalizados en España, a excepción del subinspector.

El juez decretó el ingreso en prisión de una veintena de personas. El resto quedó en libertad con cargos y con medidas cautelares para asegurar su presencia en futuras actuaciones judiciales.

La Policía confirmó la existencia de un gran grupo organizado dedicado principalmente al tráfico de sustancias estupefacientes, y a otros delitos como el blanqueo de capitales, la falsificación y la inmigración clandestina, a través de “matrimonios blancos” (de conveniencia) y falsedades.

El líder del grupo es Diego León C.S., que tiene dos reclamaciones judiciales en vigor: una de búsqueda, detención e ingreso en prisión por la Audiencia Nacional por proposición para el asesinato, y otra de búsqueda y detención por un juzgado de Torrejón en relación con una agresión en la que presuntamente esgrimió un arma de fuego.

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