Los inmigrantes que fueron víctimas de la red de explotación laboral desarticulada en la provincia de A Coruña y que aún no tengan regularizada su estancia en España tendrán un plazo para legalizar su situación mediante la presentación de ofertas de trabajo, según confirmó el subdelegado del Gobierno, José Manuel Pose Mesura, a representantes del Foro da Inmigración durante una reunión ayer en A Coruña. Miguel Fernández, portavoz del Foro, explicó que el subdelegado se mostró interesado por estos casos concretos y analizará las ofertas de empleo que pudieran haber sido presentadas por las empresas implicadas en la red. Con ese control se pretende conocer con exactitud el número de inmigrantes que pudieron ser víctimas de explotación laboral por parte de la red formada por 18 empresas gallegas.

Miguel Fernández dijo que el cabecilla de la red, S.?E.?A., había ido a la sede del Centro de Trabajo de Cáritas de Santiago (integrado en el Foro) interesándose por ofertas de empleo, pero había suscitado cierta «desconfianza». Fernández se mostró convencido de que la «denuncia social» es el medio más eficaz para proteger a los inmigrantes de las mafias.

El portavoz del Foro da Inmigración estima entre 12.000 y 15.000 el número de inmigrantes en situación irregular en Galicia. Dentro de este colectivo se incluyen entre 2.000 y 3.000 ciudadanos rumanos y búlgaros, que carecen de autorización de trabajo, lo que dejará de ser obligatorio para ambas nacionalidades en enero del 2009.

Fernández indicó que el número de irregulares en Galicia es similar al del último proceso de regularización, pese a que se endurecieron los controles en los aeropuertos. Las colonias más numerosas son las colombianas y brasileñas, aunque últimamente las condiciones políticas y económicas de Bolivia y Paraguay están propiciando la llegada de ciudadanos de ambos países.