Mercosur emitirá una declaración "fuerte" contra la directiva europea de retorno de inmigrantes

Canarias 7, EFE Las Palmas de Gran Canaria, 25-06-2008

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó hoy en México que el Mercosur emitirá en su reunión de la semana próxima una declaración “muy fuerte” contra la directiva de la Unión Europea de retorno de inmigrantes indocumentados.

Vázquez reiteró su “fuerte rechazo a cualquier medida de restringir la llegada de ciudadanos de cualquier parte del mundo a los países, y la absoluta necesidad de que se respeten todos sus derechos”.

La semana próxima se celebrará la cumbre del Mercosur en la ciudad argentina de Tucumán y “uno de los puntos que vamos a tratar seguramente es este”, dijo el presidente uruguayo.

“Creo que va a salir una declaración muy fuerte, de disgusto por parte de los gobiernos latinoamericanos, en este caso de los países del Mercosur, y la necesidad de que se respete por parte de los países europeos la llegada de los emigrantes”, manifestó Vázquez.

Europa envió “oleadas de migrantes a América Latina, y nuestros antepasados los han recibido con los brazos abiertos, con respeto, tolerancia y les dieron la oportunidad de llevar su vida adelante”, agregó el presidente uruguayo.

“No es justo que ahora no se trate de la misma manera a los descendientes de aquellos que fueron bien tratados en nuestro país”, insistió Vázquez, originario de una familia de migrantes españoles.

Los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Uruguay expresaron el lunes en un comunicado conjunto su preocupación por la directiva europea y pidieron que no se criminalice la inmigración.

Vázquez descartó que América Latina vaya a aplicar algún tipo de “reciprocidad” contra las medidas migratorias de la UE, que han sido muy criticadas por varios gobernantes latinoamericanos.

En declaraciones a medios uruguayos que le acompañan, Vázquez dijo que su Gobierno solicitará una entrevista al ministro español de Exteriores, Miguel µngel Moratinos, para dialogar sobre este tema.

Según datos de instituciones sociales, entre 10.000 y 15.000 uruguayos radicados en España podrían verse afectados por la norma aprobada por la UE, que entrará en vigor en dos años.

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