A un lado del Atlántico se habla de «vientos fríos de xenofobia». Al otro, de corrientes garantistas para templar el cauce de la inmigración en Europa. Ambas orillas se cruzaron ayer en Madrid sobre una mesa que unió a las diplomacias española y latina para aclarar la repercusión de la directiva de retorno.

El objetivo, alejar de la inquieta opinión pública iberoamericana la imagen de un pogromo europeo contra sus conciudadanos emigrados ilegalmente a territorio europeo. «La nueva normativa no va a provocar expulsiones masivas o deportaciones de menores como se ha dicho entre otros disparates», explicaba ayer el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, que insistía en hablar de una medida «garantista» y «positiva». «En absoluto se trata de un endurecimiento de la ley europea, sino de todo lo contrario, una armonización para garantizar derechos». Su homóloga para asuntos latinoamericanos, Trinidad Jiménez, se afanaba mientras en minimizar el impacto en la ley española: «La directiva se refiere a la inmigración ilegal y establece límites máximos que ya están superados y mejorados en nuestra legislación».

A lo sumo habrá «pequeños cambios» para aumentar unas garantías que ya existen. España, apuntaba López Garrido, está en la vanguardia europea de protección de derechos de los inmigrantes: «No nos interesa que cada país vaya por su lado en una espiral perversa para ver quién es el más duro. Nos interesa una legislación común y cada vez más garantista».

Frente a quienes acusan a los gobiernos europeos de escorarse a la derecha con la nueva medida – hubo un voto en contra y dos abstenciones entre los propios socialistas – , el representante español habló de una legislación «progresista»: «Asegurar la supervisión jurídica de los procesos de expulsión es progresista», advirtió. «Los militantes socialistas creen en los Derechos Humanos de las personas independientemente de su situación administrativa y la directiva refuerza estos derechos».

A su lado, Jiménez aseguraba que la confusión entre las bases del PSOE proviene de la desinformación: «Si han oído que los inmigrantes podrán ser detenidos hasta 18 meses estarán horrorizados, pero eso no tiene nada que ver con la realidad, que en España se limita a 40 días». Sí reconoció que el ministro de Trabajo ha planteado una «reflexión» en torno a la ampliación de ese periodo a 60 días, pero desvinculó la idea de la directiva.