Durante la operación efectuada en diez países europeos al mismo tiempo se practicaron 75 detenciones

Un importante red iraquí – kurda de inmigración clandestina hacia el norte de Europa fue desmantelada ayer durante una acción policial llamada operación Bagdad, efectuada simultáneamente en diez países europeos y con participación de unos 1.300 agentes. En el marco de esta operación fueron detenidas 75 personas.

La operación Bagdad fue iniciada en la madrugada de ayer, y movilizó a 1.300 policías en Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Noruega, Holanda, Suecia y el Reino Unido, coordinada por Europol en el plano policial y por Eurojust, en el terreno judicial.

La red es responsable del traslado de cientos de clandestinos hacia Inglaterra y los países escandinavos, por tren o barco, y por el cual exigía el pago de al menos 10.000 euros por persona, según la Justicia francesa.

Uno de los cabecillas de la red figura entre las 24 personas detenidas en Francia, precisaron fuentes cercanas a la policía de París.

«Dichas personas, de edades que van de 21 a 48 años, de origen iraquí, iraní, marroquí, tunecino, argelino, mauriciano, turco y francés, quedaron en detención provisional», indicó la Fiscalía de París.

Dos años de investigación

Esta operación es la culminación de más de dos años de investigaciones, iniciadas después que los servicios franceses fueron alertados por Europol y por las autoridades británicas.

«Los emigrantes, provenientes sobre todo del norte de Irak, pero también de nacionalidad iraní, afgana, paquistaní, china o bangladesí, llegaban a Francia, país de tránsito, a través de Turquía, Grecia e Italia», precisó la fuente.

«Según su destino final, el Reino Unido o Irlanda, o los países escandinavos, eran enviados por carretera, tren o barco hacia los países de su elección, vía Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca», agregó.

«Varios cientos de inmigrantes llegaron así clandestinamente a diversos países de la Unión Europea, pagando cada uno a los organizadores de este tráfico entre 10.000 y 12.000 euros por su viaje, precios que podían aumentar sensiblemente en función del origen geográfico o étnico de los candidatos«, concluyó la Fiscalía de París.

Los principales involucrados podrían ser condenados a penas de hasta 10 de años de prisión y 750.000 euros de multa.