La directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada la pasada semana en el Parlamento Europeo no es una solución ideal, sino el único compromiso viable en el actual mapa político europeo. Presentamos numerosas enmiendas para aproximarla a la legislación española y abrir una segunda lectura con el Consejo. Fueron derrotadas y el dilema final consistió en aceptar la redacción inicialmente aceptada por el Consejo o rechazarla. Esta última hubiera sido la peor opción para Europa y para España.

Europa necesita una política de inmigración común en su propio beneficio y en el de los países de origen. Toda política de inmigración tiene dos elementos fundamentales: la acogida de los inmigrantes legales y el retorno de los ilegales; ambos deben ser tratados a escala europea teniendo en cuenta que si en el primero la acción estatal es clave, en el segundo la acción común es vital. La directiva de retorno es una pieza esencial; rechazarla a estas alturas supondría volver a la casilla inicial, retroceder a principios de otoño del 2005 cuando la Comisión presentó la propuesta que inició el procedimiento legislativo de codecisión entre el Consejo y el Parlamento. ¿Sería razonable pasarnos los próximos cuatro próximos años reivindicando una nueva directiva en lugar de su reforma y mantener bloqueados los 676 millones de euros previstos por el Fondo Europeo de Retorno para el período 2008 – 2013? Si el contenido de la directiva significase un retroceso sobre la situación actual habría que considerarlo; en otro caso sería un sacrificio desproporcionado.

España, por su situación y por ser el segundo destino internacional de viajeros, es uno de los países más expuestos a la inmigración ilegal y una puerta de entrada a Europa. Los socialistas defendemos la necesidad de una política común de inmigración. Desde una perspectiva interna, la directiva no solo respeta nuestra política de inmigración sino que la fortalece al impulsar una acción europea en los terceros países afectados.

La directiva es una norma de mínimos. Los países que se sitúan por debajo deben ajustarse a sus disposiciones. Una de las críticas que se dirigen a la directiva es que establece períodos muy amplios de internamiento (seis meses que, en determinados casos, pueden prorrogarse por un período no superior a doce en el derecho interno). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que nueve Estados miembros carecían de límite temporal y que, en sentido contrario, nada impide que se adopten períodos más cortos, como en España, que tiene señalado un máximo de cuarenta días.

Sus disposiciones no empeoran el trato dispensado a los inmigrantes ilegales en ninguno de los países de la Unión Europea. Contienen dos mecanismos de protección y mejora: el reconocimiento del derecho de los Estados miembros a adoptar y mantener disposiciones más favorables y, además, el respeto a cualquier disposición comunitaria en el ámbito de la inmigración y el asilo que pueda ser también más favorable.

Con la actual composición del Parlamento Europeo ha sido imposible avanzar más. La directiva es un primer paso en la política común de inmigración. Hay que ir más allá. El próximo año los ciudadanos decidirán el nivel de las ambiciones europeas.