>Mientras la inmigración continúa y comienz la trágica temporada de cayucos, la Eurocámara ha avalado las tesis más conservadoras para intentar cerrar el paso a los ‘sin papeles’ con un blindaje de nula humanidad y dudosa efectividad.

>lA llegada del buen tiempo y algunas cuestiones coyunturales han devuelto a la actualidad la tragedia que supone el hecho de que cientos de personas del continente africano, desprovistas de toda esperanza y por tanto sin nada que perder, se vean obligadas a arriesgar sus vidas lanzándose al mar en precarias embarcaciones en busca del sueño dorado europeo. La semana pasada, fueron detectados medio centenar de inmigrantes sin papeles que intentaban alcanzar las islas canarias. El sábado fue una patera con 75 personas la que fue interceptada cerca de Motril (Granada). Ayer, otros 70 inmigrantes entraron por la fuerza en Melilla, al cruzar el paso principal entre esta ciudad y Marruecos, arrollando tanto a los agentes de la policía marroquí como de la policía española y Guardia Civil que se encargan de custodiar la frontera. Todo hace indicar que la desgraciada temporada de pateras y cayucos ha comenzado, con su reguero de víctimas mortales. Cada vez es más evidente que es imposible poner puertas al mundo. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha azuzado la pasada semana el incómodo y arisco debate sobre la política de Extranjería al ratificar sin modificación alguna la denominada directiva de retorno de los inmigrantes, pergeñada en primera instancia por los ministros de Interior. Para solaz, por supuesto, de todos los gobiernos, pues la aprobación de enmiendas hubiera retrotraído la tramitación y congelado los 676 millones de euros a repartir del fondo destinado a financiar los gastos de repatriación de extranjeros. Es necesario reseñar que los parlamentarios socialistas españoles votaron, frente a la postura general de sus correligionarios europeos, a favor de estas medidas restrictivas, duramente criticadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Los ámbitos de discusión son al menos dos. Para empezar, hasta qué punto es aceptable desde una perspectiva ética y humanista limitar la libre circulación de las personas, con una palmaria restricción de derechos básicos en función de la procedencia – y también de la condición social, reconózcase – del colectivo específico afectado. Y para continuar, cada europeo debería preguntarse si este pretendido blindaje va a ser práctico, esto es, si quienes huyen de la muerte y la miseria porque les aguardan en cada esquina en sus paupérrimos ámbitos de residencia van a aplacar sus ansias de prosperar ante el riesgo de toparse con una burocracia más férrea. En cualquier caso, la contratación en origen será siempre, y en cualquier coyuntura, la forma más eficaz para aspirar a una inmigración legal, ordenada e integrada. Aunque todo será mezcla de transitoriedad y demagogia mientras los gobiernos del Norte no apuesten decididamente, antes que por cercenar las libertades fundamentales, por dignificar las condiciones de vida de quienes habitan en el Sur.