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MÁLAGA. Un juez ha ordenado a la subdelegación del Gobierno de Málaga que gestione las solicitudes de residencia temporal de 30 inmigrantes sin papeles mientras se tramita su expulsión de España, dado que, sostiene, debe ahora analizarse en profundidad si existen o no razones humanitarias para autorizar su estancia. Según explicó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Andalucía, que formuló la petición en nombre de los 30 subsaharianos, se trata de la primera vez en España que un juez manda tramitar el permiso de residencia temporal a unos inmigrantes con orden de expulsión, aunque sin pronunciarse sobre su concesión final o no.

A este grupo, que llegó en cayuco a Canarias y luego fue trasladado hasta la Península, la subdelegación del Gobierno le negó el inicio de un procedimiento de residencia temporal porque sobre todos ellos pesaban órdenes administrativas o judiciales de expulsión. En concreto, la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso 4 de Málaga señala que «el juicio sobre la existencia o no de razones humanitarias como motivo para autorizar su residencia en España no puede despacharse con la inadmisión en un solo acto de las solicitudes de un número elevado de personas, sin consideración a las circunstancias de cada uno de ellos». Así, el juez establece que se abra un expediente individualizado en el que los interesados «puedan ejercer sus derechos de alegación y prueba».

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