Es necesario hacer aflorar la economía sumergida, que afecta especialmente a las mujeres y actualmente además a las mujeres inmigrantes. Se requiere una regulación para estos colectivos con el fin de evitar la “desprotección” laboral y social en la que se encuentran, sin poder acceder a los derechos y las prestaciones que proporciona el trabajo con contrato.

Así se indicó en Pamplona durante unas jornadas organizadas en la UPNA por la Fundación Gaztelan con el título “Trabajadoras en la cuerda floja”. En ellas se habló de alrededor de 21.000 personas afectadas por este fenómeno en la Comunidad foral, el 83,5% de ellas mujeres. En concreto, estos datos los proporcionó uno de los ponentes, Jordi Merino, sociólogo y profesor en la Universidad de Girona.

La jornada fue inaugurada por la directora del Instituto de la Igualdad, Sara Ibarrola, y por la coordinadora de Gaztelan, Amaia Campión. Ésta destacó la preocupación de la fundación navarra por luchar contra la exclusión social y articular medidas para la inserción sociolaboral, que chocan a menudo con el fenómeno “de la economía sumergida y el empleo no declarado”.

Para Gaztelan, es necesario avanzar hacia “un empleo de calidad que permita a las personas prescindir del empleo no declarado”. “No se puede llamar inserción laboral”, añadió, “a empleos de corta duración, muy inestables y con salarios que no aseguran la cobertura de necesidades básicas”, como tampoco a los que están en la economía sumergida.

De hecho, muchos trabajos de este tipo se consideran “empleos de exclusión”, por mantener a las personas en la marginación social y laboral y por “el riesgo de quedarse encerrado” en ellos.

Las mujeres y los inmigrantes son actualmente, según indicaron diversos ponentes, los colectivos más afectados. Isabel Quintana, procuradora y asesora de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, estuvo explicando una propuesta de las organizaciones de trabajadoras domésticas en España para reformar el Real Decreto que regula el trabajo doméstico, ya que, según dijo, la actual normativa, con muchas “lagunas”, no les satisface.

Cambios y dependencia

En concreto, reclaman que la relación laboral “se regule de manera que derechos y obligaciones de las partes queden claramente establecidas en un solo texto legal”, que el contrato tenga “naturaleza ordinaria” y que se “celebre obligatoriamente por escrito en todos los casos” y sanción en caso de no hacerlo . También, que la jornada máxima ordinaria sea de 40 horas semanales. En Navarra en 2007 la Seguridad Social registraba 3.796 mujeres en servicios domésticos, aunque para UGT hay 4.000 más de manera sumergida en el mismo sector.

Quintana se refirió también a la Ley de Dependencia, que viene a suponer una “visualización” del trabajo de las personas cuidadoras, hasta ahora “oculto” y “con un valor social muy escaso”.