DV. Ocho inmigrantes llegan a Euskadi cada día a través del reagrupamiento familiar, la vía administrativa que quiere taponar el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, al menos mientras dure la crisis económica. Según la Delegación del Gobierno, 2.777 inmigrantes obtuvieron permiso en 2007 para traer a sus parientes en el País Vasco, una cifra que previsiblemente habrá que revisar al alza a finales de este año, pues desde enero pasado hasta el 16 de junio ya se han contabilizado casi 1.500 autorizaciones. De todas ellas, 739 corresponden a Vizcaya, 364 a Gipuzkoa y 374 a Álava (los datos de este territorio llegan hasta el 31 de mayo).

Los reagrupamientos son una consecuencia natural de todos los flujos migratorios. Cuando los trabajadores extranjeros consiguen papeles, trabajo y un domicilio digno, se plantean traer a la familia desde su lugar de origen. Hasta que pueden formular la solicitud suelen pasar dos o tres años. Por esa razón, cuando un país ha asistido a un flujo importante de inmigrantes que luego se modera, es a partir de esos tres años cuando la población foránea puede empezar a incrementarse de forma significativa a través de los reagrupamientos.

De momento, sólo entre enero de 2002 y abril del presente año, las autoridades han concedido permisos de residencia a 372.731 familiares de ciudadanos no comunitarios que ya estaban legalmente radicados en el territorio nacional. El ritmo de autorizaciones había aumentado en el conjunto de España de forma vertiginosa hasta 2006, aunque experimentó un ligero descenso en 2007. Lo cierto es que los consulados españoles en el exterior, que deben expedir los visados a los familiares reagrupables, están actuando como un ‘cuello de botella’ para los expedientes. Al haberse agravado la situación económica, el Gobierno quiere modificar la legislación para cerrar esa vía un poco más.

Ley de Extranjería

Hasta ahora pueden beneficiarse del reagrupamiento el cónyuge del inmigrante, los hijos menores de edad, los mayores de 18 años que dependan del padre, aunque les ponen muchas objeciones, así como los padres y los suegros. Pero el ministro Corbacho quiere excluir de la lista a las personas mayores, aprovechando la reforma de la Ley de Extranjería, cuyo debate se iniciará en el Congreso a finales de 2008.

«¿España puede acoger a todo el mundo? La respuesta es no», argumenta Corbacho, que ha dado un giro de 180 grados a la política de su predecesor, Jesús Caldera. El nuevo titular de la cartera de Trabajo es partidario de «poner orden» en la inmigración y de distinguir entre el núcleo del hogar (pareja e hijos) y los demás parientes. Acuciado por el PP en los sondeos de intención de voto, el Gobierno socialista asegura que si no traza una frontera nítida en ese asunto, la población extranjera en situación legal podría aumentar en un millón de extranjeros durante los próximos cinco años y «poner en peligro» el Estado de bienestar.

La realidad es que, según el propio Ministerio de Trabajo, en España residen ahora mismo 164.107 inmigrantes ‘legales’ que tienen más de 64 años (1.554 en Euskadi), la franja de edad laboralmente inactiva y de la que se puede esperar que utilice los servicios sociosanitarios.

En cualquier caso, de las estadísticas de inmigración se desprende que los reagrupamientos acabarán aumentando en España como lo ha hecho el número de inmigrantes legales. A comienzos de 2005, justo antes de la regularización masiva que impulsó el ministro Jesús Caldera, las personas con ‘papeles’ sumaban 1,9 millones en España. En marzo pasado ya ascendían a casi 4,2 millones, sin contar a los ‘ilegales’, un grupo que oscila entre 500.000 personas y un millón.

En Euskadi, la presencia de los extranjeros es sensiblemente menor, pero la tendencia es a incrementarse. En 2005, los regularizados sumaban 37.000 personas, pero hoy son algo más de 87.000, dejando aparte a unos 20.000 inmigrantes en situación irregular. Se calcula que la tercera parte de los nuevos residentes que se instalan en la comunidad autónoma por vías legales utiliza el reagrupamiento. Ese proceso administrativo, unido a la demanda de mano de obra de las empresas vascas, que atraerá a inmigrantes cualificados de otras comunidades, duplicará la población extranjera de Euskadi en los próximos cinco años.

La llave de la inmigración es el empleo, que en el País Vasco no ha caído como en otros puntos de España en los que el peso del sector de la construcción ha sido mayor. Si los planes del ministro Corbacho salen adelante – el PP y CiU le apoyan – , los inmigrantes sólo podrán reagruparse, en la práctica, con parientes en edad laboral. El Gobierno central quiere que incluso los hijos reagrupados de 16 a 18 años también reciban un permiso de trabajo, lo que les abriría las puertas de un trabajo legal y de cursos de capacitación.

Cobrar el paro

Paralelamente, a los extranjeros que se queden en paro, el Ministerio de Trabajo les quiere pagar todos los meses de desempleo que les correspondan en dos plazos – el 40% en España y el 60% en su país – , pero a condición de que se marchen y no intenten regresar en tres años. Y si esperan cinco años, se les concederá prioridad para volver a obtener el permiso de residencia. Ése es el plazo que, según la Administración socialista, puede necesitar la economía española para arrancar otra vez.

Estas propuestas no han impresionado en absoluto a las asociaciones de inmigrantes , que se quejan de que se les considere mano de obra necesaria para sostener la Seguridad Social y, al mismo tiempo, se les acuse de colapsar los servicios públicos. Sin embargo, el Gobierno central espera que las repatriaciones incentivadas resulten atractivas para el 15% o 20% de los 100.000 extranjeros que han perdido su empleo en toda España (5.828 en Euskadi).

«Algunos compatriotas se han puesto en contacto con nosotros para saber qué es eso que propone el Gobierno», explica Mohamed Arrachedi, vicepresidente de la asociación de trabajadores marroquíes Azraf. «Cuando se han enterado de que cobrarán todo el desempleo en dos veces si se vuelven a casa, sinceramente, no les ha parecido un ‘incentivo’. En cambio, sí hemos percibido inquietud e incertidumbre. Las noticias que han publicado los periódicos demuestran, como mínimo, una falta de previsión. Hace sólo unos meses, el Gobierno de Zapatero no dejaba de subrayar la aportación de los inmigrantes a la economía y a las cuentas públicas».

Respecto a las restricciones del reagrupamiento familiar, Azraf las considera, lisa y llanamente, «un retroceso» en materia de derechos fundamentales.

Comisiones Obreras de Euskadi comparte ese punto de vista y acusa al ministro de Trabajo de seguir el rumbo marcado por la directiva europea que permite retener a los ‘sin papeles’ hasta 18 meses sin tutela judicial, una norma debatida esta semana en el Parlamento europeo. «Están dando a entender que el reagrupamiento se consigue con facilidad, cuando no es así», denuncia Óscar Arenas, técnico del Centro de Información al Trabajador Extranjero (CITE), de CC OO.

De hecho, en el País Vasco pueden pasar entre nueve y veinte meses desde que un extranjero en situación legal inicia el papeleo del reagrupamiento hasta que los parientes obtienen el visado; y ello a pesar de que las subdelegaciones de Gipuzkoa, Vizcaya y Álava dan el visto bueno en noventa días a lo sumo. Pero los expedientes se ralentizan en los consulados de España, y no sólo por la falta de medios y de personal. Las legaciones de China y Nigeria están solicitando pruebas de ADN para acreditar la paternidad antes de permitir los reagrupamientos. Un requisito que se aprobó en la Francia del presidente Nicolas Sarkozy, y que defendió también el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

tiene que acreditar que ha residido legalmente en España durante un año y que puede hacerlo otro año más.

que cuenta con medios económicos suficientes para mantener al cónyuge y a los hijos menores de edad. En principio, los hijos mayores de edad quedan excluidos del reagrupamiento, salvo que se demuestre que dependen económicamente del solicitante

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de demostrar esa dependencia económica es presentar copias de, al menos, doce transferencias realizadas a su país en el plazo de un año

del inmigrante tiene que estar en buen estado. La inspección del inmueble la realizan los servicios municipales.

de Gobierno tardan entre dos o tres meses en dar la autorización.

tienen que conceder el visado. Allí se atascan los casos durante un periodo que puede rebasar un año, dependiendo de los países.