El Defensor del Pueblo exige al Gobierno que cambie las cartas de invitación para extranjeros / Obligan al presidente de la comunidad de vecinos a enumerar las personas que viven en casa del anfitrión Cuando un vecino es la aduana, algo falla. Los extranjeros no comunitarios que se proponen venir a España de vacaciones pasan por todo tipo de penalidades burocráticas si deciden hospedarse en casa de sus familiares. El sistema obliga, por ejemplo, a que el presidente de la comunidad de propietarios al que pertenece la vivienda destinada al alojamiento certifique por escrito el número de personas que viven en ella. En esta nuestra comunidad que es España, aquí no hay quien entre. Los imitadores del televisivo señor Cuesta son los que tienen la última palabra.

Es lo que opina, pero con otras palabras, el Defensor del Pueblo, que ha detectado «falta de cobertura legal» y «evidente desproporción» en varios de los requisitos para que un inmigrante o un español puedan traer de visita a un familiar extranjero.

Tanta, que esta institución se ha dirigido hasta en dos ocasiones al Gobierno para exigirle que cambie la orden ministerial que entró en vigor el 11 de junio de 2007. La primera vez escribió a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, pero, tras considerar «insuficientes» las explicaciones que ésta le ofreció, lo hizo directamente, el pasado 24 de mayo, al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

La adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, hace notar «la fuerte intromisión en la vida privada de las personas» que acarrean estas cartas. «El certificado de las comunidades de vecinos es un ejemplo de cómo, por una cuestión menor, se pone en juego toda una serie de sensibilidades que lleva a convertir la presencia de un invitado en una casa en algo que debe ser conocido e implícitamente consentido por otro vecino, al que además se le concede una capacidad para certificar cuyo sentido no se alcanza a ver», explica a este periódico la número dos de Enrique Múgica.

Y advierte de que también «puede dar lugar a problemas entre los vecinos, cuando no a desencuentros motivados por conflictos anteriores, lamentablemente no infrecuentes en las comunidades».

La institución ha recibido «un apreciable» número de quejas a lo largo del año pasado sobre la única forma que permite venir a España (para estar un máximo de 90 días) a los residentes en aquellos países no europeos que no están sujetos a la obligación de pedir un visado.

Han sido muchos los que se han quejado por el coste de un papeleo – como mínimo, 100 euros – que en ningún caso garantiza que el turista vaya a ser admitido en España.

También se ha denunciado el alargamiento de los trámites, que pasaron de consistir en una simple visita a un notario a convertirse en un enrevesado proceso en el que hay que compulsar decenas de documentos y en el que el anfitrión tiene que comparecer ante la policía para dar cuenta de su vida. Según el Defensor del Pueblo, se tarda entre 30 y 45 días en completar todo el trámite.

Y eso sin contar con lo que, en pleno verano del año pasado, se tardó en poner en marcha el nuevo sistema. Esto ocasionó caos en las comisarías y que varias personas no pudieran aportar el formulario oficial porque no estaba expedido, a pesar de que la norma ya se encontraba en vigor y se exigía la misiva en los puestos fronterizos.

Las cartas de invitación son, sin ir más lejos, las culpables de la crisis de las deportaciones que hace unos meses enfrentó al Gobierno de Brasil con el nuestro después de que más de un millar de ciudadanos del país carioca fueran rechazados en el aeropuerto madrileño de Barajas, fundamentalmente porque los formularios no estaban bien cumplimentados.

«La gente no conoce que se exigen tantos requisitos para entrar en España, no se la informa bien», reconocen fuentes policiales, que explican que el endurecimiento de las medidas obedece a un intento por evitar la picaresca: «Antes, cuando lo gestionaban los notarios, había gente que se ponía a invitar a cientos de personas a las que ni siquiera conocían y que se quedaban aquí para siempre».

La respuesta oficial es, sin embargo, que «simplemente se quiere garantizar que todo aquel que venga duerma bajo techo».

Pero con evidente arbitrariedad, a juicio del Defensor del Pueblo. Cava de Llano destaca que «la praxis administrativa varía entre las diferentes plantillas policiales, que incluso, en algunos casos, piden aún más documentos de los indicados en el modelo oficial uniforme».

Las cartas no sólo reclaman más de lo que pide la norma que las regula, sino que se inmiscuyen en exigencias económicas. En teoría, para acreditar que se dispone de los medios necesarios para recibir al invitado; en la práctica, para tener más argumentos a la hora de rechazar solicitudes.

«Ni en la normativa ni en los documentos del modelo oficial se alude a requisitos económicos, ni sería lógico que así fuera, puesto que la carta de invitación sólo da fe de la existencia de una vivienda adecuada para hospedar al invitado. Los requisitos de suficiencia económica se le exigirán al invitado en frontera, no al invitante», explica Cava de Llano.

En el bloque de apartamentos que, en definitiva, viene a ser Europa, España es el vecino que más candados pone en su puerta. Más incluso que los inquilinos de otras manzanas, como EEUU y Rusia, tradicionalmente restrictivos con sus fronteras.

Las cartas de invitación inician una línea que continuará la limitación de las reagrupaciones familiares al núcleo familiar más básico (el cónyuge y los hijos menores de edad). El resto de los parientes, que se queden fuera.

Múgica documenta 1.300 quejas enviadas por los ciudadanos en 2007

MADRID. – Los requisitos que se exigen en las cartas de invitación para turistas extranjeros extracomunitarios no son las únicas medidas que, según el Defensor del Pueblo, «no están justificadas legalmente» y «no son proporcionadas».

De un total de 17.373 quejas que los ciudadanos enviaron durante el año pasado, 1.300 estaban relacionadas con cuestiones que tenían que ver con la inmigración.

A lo largo de las 1.845 páginas de la memoria anual que el Defensor del Pueblo hizo pública recientemente, los asuntos de extranjería aparecen con frecuencia, y casi nunca para bien. Se detallan, por ejemplo, las «vicisitudes» a la hora de tramitar un visado, o los retrasos y las colas interminables en las oficinas, o las devoluciones indebidas de irregulares en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Las reagrupaciones familiares son otros de los temas clave de este informe. En este sentido, Enrique Múgica ha enviado al Gobierno una recomendación para que deje claro los requisitos mínimos que deben cumplir las viviendas para que se permita la reagrupación.

«Desde hace tiempo se viene reclamando una norma de desarrollo del Reglamento de Extranjería que determine los medios de vida exigibles a los reagrupantes que pretendan ejercer este derecho», apunta la institución, denunciando que, «a pesar de que la Administración consideraba dicha aprobación como inminente, lo cierto es que todavía no ha sido dictada».

«Las consecuencias de esta falta de desarrollo normativo son evidentes», añade, «y han sido puestas de manifiesto en anteriores informes: disparidad de criterios entre las distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, falta de publicidad de estos criterios y la consiguiente inseguridad jurídica que deriva de tal situación».

Respecto a los sin papeles menores de edad, el Defensor del Pueblo ha detectado que «no hay criterios uniformes» para enviarlos de vuelta a casa y una clara «descoordinación entre la autoridad gubernativa, la policial y los órganos judiciales». Se han dado casos en los que se ha metido a los niños en un avión «atados con cuerdas».

En la memoria se resaltan también las carencias de los centros de internamiento para los indocumentados, a quienes en ocasiones se les pone un número en la camiseta para identificar el cayuco en el que llegaron o se les obliga a ducharse sin que exista separación entre los hombres y las mujeres , o se les hace esperar en zonas alambradas. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró esta semana que estas instalaciones «han mejorado mucho».

LA DOCUMENTACION QUE HAY QUE PRESENTAR

1. Escritura de compraventa de la vivienda del anfitrión o, en su defecto, contrato de alquiler.

2. Certificado del Registro de la Propiedad.

3. Certificado de empadronamiento.

4. Justificante del presidente de la comunidad de vecinos que acredite cuántos viven en la casa.

5. Declaración de la Renta del anfitrión.

6. Nóminas y otros medios económicos. Para acreditar que se pueden costear todos los gastos relativos al alojamiento del invitado.

7. Documentos que acrediten el parentesco o la relación con el invitado. Como la inscripción de nacimiento, el certificado oficial del vínculo familiar, fotografías, vídeos y correspondencia. Tienen que estar debidamente legalizados y traducidos.

8. Tarjeta de residencia del anfitrión, DNI y pasaporte.

9. Pasaporte del invitado. Con copia compulsada de todas y cada de las páginas (incluidas las que están en blanco).

10. Billete de ida y vuelta del invitado.

11. Las fechas exactas durante las que el invitado va a permanecer en España.