España ha superado los 46 millones de habitantes. Cabe en primer lugar congratularse, ya que el aumento de población es síntoma de pujanza. Sin embargo, algunos aspectos de este incremento confirman la falta de una política migratoria seria.

Porque lo primero que sorprende es el espectacular aumento de residentes extranjeros, que suman ya más de 5,2 millones – el 11,3% de la población – , a los que se calcula que hay que añadir otro millón de sin papeles. Sólo el año pasado, 700.000 foráneos se empadronaron en España. Si tenemos en cuenta que en el año 2000 no había siquiera un millón de extranjeros, nos encontramos con que se ha producido un crecimiento de más del 500% en sólo ocho años. Y, como se ha demostrado en otros países, es este hecho el que suele generar complejos problemas de integración.

Además, se da un fuerte contraste con una muy baja tasa de fecundidad de las mujeres españolas, que se traduce en que en el último año la población autóctona sólo se ha incrementado un 0,4%.

De los residentes extranjeros, más de dos millones provienen del resto de la UE. Destaca el aumento de rumanos, búlgaros y polacos. En su mayoría son trabajadores, llegados en tiempo de bonanza económica, y ahora muy afectados por la crisis.

La inmigración es necesaria, pero debe producirse de una manera legal, ordenada y planificada. Por eso nos parece que la Ley de Extranjería debe ser reformada con urgencia. Primero, para acabar con el efecto llamada que, a tenor de estos datos, no hay duda de que se produjo en la pasada legislatura. Y, no menos importante, para modificar los requisitos de reagrupación familiar, porque, dejando de lado la demagogia, resulta obvio que nuestro sistema de cobertura social no puede absorber este aluvión de extranjeros en tiempo récord.