La socialista madrileña Yolanda Villavicencio cree que la medida del titular de Trabajo e Inmigración está destinada a ser «una solución marginal» El giro dado por el Gobierno en su política de inmigración ya no recibe únicamente las críticas de IU, ICV o las ONG y colectivos ciudadanos. Hay más voces que expresan sus reservas, incluso dentro de las filas socialistas. Por ejemplo, la de la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Yolanda Villavicencio, que considera que el plan de retorno voluntario que prepara el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, «está destinado a ser una solución marginal, casi sólo para quienes han fracasado en su proyecto migratorio y poco útil para prevenir la migración desordenada».

En una tribuna abierta publicada en el periódico para inmigrantes Sí se puede, Villavicencio expresa que ha surgido «una idea de retorno poco realista y cortoplacista como solución a la coyuntura de desaceleración» económica. Aunque no cita expresamente el proyecto estrella del ministro de Trabajo e Inmigración, apunta a esta iniciativa cuando dice que «la posibilidad de capitalizar el paro a que se tiene derecho resulta interesante siempre y cuando del mismo se pueda disponer como un recurso para inversión programada y productiva, pero no si se ofrece como dinero en mano y sin acompañamiento, ya que, con mucha probabilidad, se convertirá en dinero de consumo y no servirá al propio proceso de retorno emprendido».

Villavicencio, nacida en Bogotá (Colombia) pero residente en Madrid desde hace 20 años, es miembro de la Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación con Colombia (Aesco), pero su artículo lo firma como diputada del PSOE. En el texto expone que «ha faltado y falta mucha pedagogía política sobre la inmigración», que «el retorno podría aportar una salida oportuna si el enfoque fuera otro» y que «no se puede ahora negar el protagonismo y el apoyo de los inmigrantes, ni darles la espalda porque ya no se les necesita como mano de obra».

«No hay políticas tributarias que fomenten o incentiven el retorno», manifiesta Villavicencio, y enumera las principales «dificultades» del plan que pretende facilitar que los extranjeros regresen a sus países de origen a cambio de recibir del Estado las prestaciones acumuladas de desempleo. El primero de los obstáculos es que los inmigrantes que no cobran el paro, no pueden acogerse a esta solución frente a la crisis. «Unas 600.000 personas», estima Villavicencio. El segundo es que «seguramente el paro capitalizado no es suficiente para lograr la estabilidad del negocio» que el que retorna quiere poner en marcha.

«La falta de acompañamiento al retorno con otras políticas adicionales que lo conviertan en una oportunidad vinculada a un proyecto personal y familiar y a verdaderos planes locales de desarrollo en el origen hace que el potencial retornado se cuestione a qué precio renunciará a las prestaciones de un estado de bienestar», sostiene Villavicencio.

La diputada explicó a EL MUNDO que lo que «hace falta es un pacto de Estado en inmigración».