El replanteamiento de la política de extranjería en España que ha empezado a esbozar el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha causado buena impresión en CiU, que en principio se apresta a apoyar la reforma de la ley que presentará el Gobierno para concretarlo. Josep Antoni Duran Lleida, en esta línea, saluda en su semanal carta web los cambios que el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero apunta en la limitación de la reagrupación familiar de los inmigrantes y la incentivación del retorno a sus países de origen.

“En el fondo se trata de hacer algo que estamos pidiendo”, es decir, “es necesario poner cierto orden en el fenómeno inmigratorio”, reclama el jefe de filas de CiU en el Congreso, que subraya que “si esto se requería hace dos o tres años, hoy se necesita mucho más”, porque “la complejidad del problema se ha agudizado”. El también líder de UDC no hace más, de hecho, que poner negro sobre blanco su tradicional discurso sobre inmigración, que es asimismo el de CiU y que ahora coincide igualmente con el del nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, y que se resume en una máxima clara: la capacidad de absorción de inmigración extranjera no es ilimitada y, en consecuencia, se tiene que regular y acotar de manera muy estricta. La voluntad de acotar la reagrupación familiar es, en este sentido, una medida que CiU juzga positiva, aunque en la actual situación de crisis económica Josep Antoni Duran Lleida duda de que el Gobierno disponga de “ideas claras y liderazgos claros” para administrar con garantías el fenómeno inmigratorio en su conjunto más allá de las “buenas palabras”.

CiU, aún así, comparte los nuevos planteamientos de Celestino Corbacho y, a la espera de conocer cómo se concretarán, se apresta a apoyar la reforma de la ley de Extranjería que el Gobierno piensa proponer a lo largo del presente año, según confirma a La Vanguardia Carles Campuzano, el diputado especialista en temas de inmigración. “La sintonía es buena”, reconoce el diputado de CiU en el Congreso, que explica que, en cualquier caso, el cambio de la ley no ha de limitarse a la trasposición de la directiva europea sobre el reagrupamiento familiar, sino que debería recoger otros aspectos derivados de la experiencia de los últimos años. Un elemento que considera que sí tendría que figurar sería, por ejemplo, la articulación de más medios legales para que tanto la Generalitat como los ayuntamientos pudieran intervenir justamente en la decisión sobre la reagrupación familiar.

La previsión del Gobierno es empezar los trámites en el Congreso para reformar la ley de Extranjería en septiembre, a fin de poder tenerla aprobada en diciembre y conseguir que entre en vigor el 2009, en el marco de la progresiva armonización de la política de inmigración en el conjunto de países de la UE.