El dato de que la población ya supera en España los 46 millones de habitantes representa, en buena medida, la consecuencia de un prolongado período de crecimiento económico. El avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008 otorga a la Comunitat Valenciana una población de 5,01 millones de personas. El hecho de que un 11% de los habitantes sea de origen extranjero – un porcentaje que supera el 16% en el caso valenciano – evidencia esta relación entre el bienestar económico, que ahora ha entrado en crisis, y el incremento demográfico.

Tanto la cifra de los 5 millones como la diferencia en el peso que los inmigrantes tienen en la Comunitat respecto al que asumen en el conjunto de España, dibujan un escenario valenciano con unos rasgos propios y específicos. Si la etapa de prosperidad que ha vivido el país ha tenido como consecuencia una incesante llegada de inmigrantes, este fenómeno se ha acentuado en la Comunitat, la segunda de España, por detrás de Baleares, en cuanto a porcentaje de extranjeros sobre el total de residentes.

Esta nueva realidad demográfica permite visualizar con claridad el impulso económico que ha experimentado la región en la última década, con proyectos y eventos emblemáticos que la han situado en el mapa. Pero, al mismo tiempo, deja entrever las dificultades presupuestarias a las que se enfrenta la Administración autonómica valenciana a la hora de atender a una población creciente, con nuevos ciudadanos que reclaman, como los demás, la atención pública, aunque no están contabilizados por el Estado. En efecto, tal y como viene denunciado el Consell, el reparto de los fondos estatales a las comunidades autónomas no tiene en cuenta la actual distribución de la población en España, perjudicando a regiones que, como la Valenciana, han registrado los mayores incrementos.

Los datos del Padrón conocidos ayer son una prueba más que acredita y justifica la reivindicación del Ejecutivo de Camps y que obliga al Gobierno central a establecer un nuevo marco de financiación autonómica, a lo que se comprometió el presidente Rodríguez Zapatero, y que debería compaginar la necesaria solidaridad para promover el desarrollo de las comunidades menos favorecidas con el más elemental principio de justicia distributiva, por el cual las regiones más pobladas tienen que recibir más recursos, con el fin de poder atender las necesidades de sus ciudadanos. En el caso de la Comunitat Valenciana, de sus más de 5 millones de habitantes.