Uno de los dramas que viven los inmigrantes cuando llegan a nuestro país es el de tener que alejarse de su familia lo que, en muchos casos, supone que una madre no pueda ver a sus hijos pequeños durante meses o que pase años sin poder regresar para atender a sus padres ancianos.

Por eso las trabas al reagrupamiento familiar que están pergeñándose en España resultan tan preocupantes. Es lógico que a los países receptores les preocupe multiplicar los recursos por cuatro cuando la fuente de ingreso es una sola, por ejemplo, un hombre con mujer y dos hijos, pero el intento por distinguir al inmigrante en tanto aportación a las arcas del Estado o en tanto receptor de sus recursos no solo es peligrosa a efectos prácticos sino, sobre todo, en razón de la persona que hay detrás.

Un Estado no puede, sin convertirse en tirano, utilizar un bisturí con sus ciudadanos, sean de origen local o foráneo, para contemplarlos solo como una máquina de trabajar que hace crecer la economía de un país o proporciona el dinero para pagar pensiones a quienes no pueden hacerlo. Supone una cosificación inaceptable desde el punto de vista moral. Es lógico que quieran establecer cautelas para que no se multiplique de forma descontrolada las necesidades en materia sanitaria o educativa pero eso comienza con la aceptación de la mano de obra extranjera, no con el aprovechamiento de esta sin darle la posibilidad de reconstruir su vida aquí como persona.

De ese modo, lo razonable es que el permiso de trabajo incluya el reagrupamiento familiar pues, de lo contrario, la contratación sería muy próxima a la compra de maquinaria que va a ser utilizada en una tarea concreta y nada más. Las asociaciones de defensa de los inmigrantes ya han advertido del daño que puede hacer una normativa estricta contra el reagrupamiento familiar, no solo a los interesados sino a toda la sociedad capaz de permitir una diferenciación entre ciudadanos completos y meros trabajadores.