MADRID. - El Ejecutivo hará un esfuerzo diplomático a fin de explicar a los gobiernos, especialmente de América Latina y el Magreb, el contenido y la repercusión de la directiva europea sobre retorno de inmigrantes irregulares.

En este objetivo se implicará incluso el presidente del Gobierno, quien ayer mostró su disposición a explicar personalmente al mandatario venezolano, Hugo Chávez, el alcance y los pormenores de la normativa comunitaria que prevé un periodo de retención de hasta 18 meses para los inmigrantes ‘ilegales’.

Varios países latinoamericanos, encabezados por Venezuela, han amenazado con medidas de respuesta diplomática y comercial contra las naciones que apliquen la directiva.

En opinión de la vicepresidenta primera, la actitud de España será la de «dar más información» a los países interesados para que comprendan que la directiva establece un «marco mínimo de garantías» para los inmigrantes que antes no existían en varios estados de la UE.

De la Vega recalcó que el contenido de la norma no se aplicará en España porque las leyes nacionales son mucho más garantistas que lo aprobado por los 27. También recordó que a lo más que llegará España será a «ajustar» su política para ampliar de 40 a 60 días el periodo de retención máximo de los inmigrantes ‘irregulares’.