La UE decidió ayer levantar las sanciones que en 2003 impuso a Cuba en respuesta a su represión contra la disidencia. Un grave error, pues la situación no ha variado en la isla: los derechos humanos siguen sin ser respetados, continúa habiendo presos políticos y los opositores son perseguidos como siempre. O la UE se equivocó hace cinco años o, como creemos, se equivoca ahora. El anuncio de esta medida, pocas horas después de que fuera aprobada la directiva europea que endurece las condiciones para la inmigración, y que ha sido acogida con indignación en Latinoamérica, parece así más una forma de intentar apaciguar a los gobiernos de aquella área que un acuerdo coherente. Moratinos dijo ayer que la decisión es una «buena noticia» y que permitirá «iniciar una etapa de diálogo». Parece no haber escarmentado del bochorno que vivió en La Habana en 2007, cuando el canciller Pérez Roque se negó a incluir en el «diálogo sobre derechos humanos» a los presos políticos, tachándoles de «mercenarios» y «terroristas». Si cuando España tendió la mano al castrismo éste no tuvo ningún gesto de apertura, ¿por qué habría de cambiar ahora? Ayer mismo, en respuesta a la generosidad de la UE, el régimen detuvo a siete opositores y el ex dictador Fidel Castro expresó su «desprecio por la enorme hipocresía» de Bruselas. Con razón, Estados Unidos y la disidencia advirtieron que la UE envía una señal equivocada, pues Cuba siempre podrá argumentar que su política represora acaba dando réditos.