El Gobierno ampliará en 2009 a 60 días el plazo máximo de internamiento de inmigrantes irregulares pendientes de expulsión. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer que España no integrará a su legislación tal cual la normativa europea que permite a los países miembros privar de libertad a los ‘sin papeles’ por un período de hasta dieciocho meses.

La número dos del Ejecutivo, que presidió ayer la comisión delegada del Gobierno para inmigración de la que forman parte cinco ministerios, justificó que el tiempo máximo de reclusión en los centros de internamiento para extranjeros resulta ahora insuficiente para poder tramitar los expedientes de repatriación.

Pero defendió que, aún con esta reforma, el sistema español seguirá siendo uno de los más “garantistas” de la UE. “Todos los elementos de la directiva europea – señaló – están mejorados y superados en nuestro ordenamiento”.

La intención del Gobierno es acompañar esta modificación de la ley de extranjería de otra por la que se endurecerán los términos de la reagrupación familiar en la línea ya apuntada por el ministro de Inmigración, Celestino Corbacho. Se trataría de limitar este derecho al núcleo familiar exclusivamente al matrimonio y los hijos menores de edad y de conceder, además, a los vástagos de dieciséis años el permiso de trabajo.

El Ejecutivo también quiere aprovechar para incorporar a la normativa los derechos de asociación y sindicación de los inmigrantes, limitados por la ley aprobada en el último mandato de mayoría absoluta del Partido Popular y reconocidos en una sentencia del Tribunal Constitucional que consideró esos recortes contrarios a la Carta Magna.

El asunto será abordado previamente en la subcomisión parlamentaria creada en la pasada legislatura en el Congreso con escasos resultados. El Ejecutivo confía en que el nuevo clima político y la distensión en las relaciones con el Partido Popular contribuya a fraguar un acuerdo. Su objetivo es que la ley esté aprobada a finales de este año y pueda entrar en vigor a comienzos del próximo “La lucha contra la inmigración ilegal es un objetivo de este Gobierno”, remarcó la vicepresidenta.


Retorno voluntario

La número dos del Ejecutivo anunció además que el próximo 9 de julio se reunirá una conferencia sectorial para estudiar con los consejeros autonómicos del ramo la propuesta gubernamental de incentivar el retorno voluntario de extranjeros en paro a través de la capitalización del subsidio de desempleo.

Por otro lado, las asociaciones de inmigrantes criticaron ayer y que el “giro” que está dando la política migratoria del Gobierno de Zapatero, “que ha pasado de apostar por la integración a favorecer medidas represivas encaminadas a dificultar la entrada en España”.

El portavoz de la Asociación Rumiñahui, Raúl Jiménez, dijo que los inmigrantes “no entienden por qué ahora” el Gobierno va a limitar la reagrupación sólo a los cónyuges y a los hijos menores y “la única explicación es que quieran ganar votos donde han visto que los han perdido”.

Asimismo, reprobó que el Gobierno haya criticado durante la campaña electoral las propuestas en política migratoria del PP y “ahora tome iniciativas que van en ese mismo sentido”. “Es un doble discurso”, declaró.

Por su parte, el presidente de Karibú, Antonio Díaz, señaló que el Ejecutivo está poniendo en marcha una política “de control y persecución” de la inmigración, que va a provocar que “muchas familias permanezcan desunidas”.

Un total de 128.161 inmigrantes no comunitarios obtuvieron la regulación el año pasado a través del procedimiento de reagrupación familiar, según datos provisionales facilitados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En total, ese año se tramitaron 144.584 solicitudes y se denegaron 20.455. Por su parte, a lo largo de 2006, Extranjería registró un total de 113.146 solicitudes, de las cuales 97.759 fueron concedidas y 14.266 no cumplieron el requisito para la regularización.