Latinoamérica rechaza la directiva para combatir a los ‘sin papeles’ e insta a los europeos a recordar que ellos también emigraron Latinoamérica censuró ayer de forma unánime la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada por el Parlamento Europeo, que algunos gobiernos calificaron de «vergonzosa» porque viola el derecho a la libre circulación y equipara a víctimas con criminales.

«Es una vergüenza lo que ha hecho Europa», denunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse al proyecto aprobado en la Eurocámara que prevé, entre otras medidas, el internamiento de los inmigrantes ilegales por un máximo de seis meses antes de su expulsión, periodo que puede extenderse por otros 12 en casos excepcionales. «¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?», se preguntó el mandatario, según Efe.

La norma, que recibió el visto bueno de los Gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE), entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.

El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó que el Gobierno de su país estudiará los alcances de la directiva para decidir cómo enfrentarla «de manera legal».

Hace algunos días, el presidente boliviano, Evo Morales, había bautizado el proyecto de la UE como la «directiva de la vergüenza» y planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos en reciprocidad, aunque Fernández se mostró ayer partidario de no tomar decisiones apresuradas.

El Senado de Uruguay también rechazó la norma comunitaria, anunció que llevará a Naciones Unidas su repudio e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a «tomar las medidas correspondientes en el marco del derecho internacional». El documento del Senado uruguayo subraya que la decisión europea «constituye una violación de los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional». Agrega que es «una flagrante incongruencia de la Unión Europea, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de su capacidad de trabajo, de su honestidad y su esfuerzo».

La Cancillería paraguaya emitió expresó «su decepción por la medida», que consideró una «incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica».

«Emigrar no es delito»

El Gobierno paraguayo consideró que la norma «cuestiona los derechos fundamentales consagrados por el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea» e insistió en su intención de recurrir a diversas instancias internacionales.

El Gobierno de Argentina recordó que emigrar «no es un delito», al lamentar los términos de la directiva de la UE en una nota de la cancillería en la que además «rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal».

Destacó que establecer «restricciones, incluidos largos perodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales». Las Madres de la Plaza de Mayo pidieron por su parte a la UE que reconsidere las «salvajes» y «discriminatorias» medidas.

Por otro lado, el vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, dijo que los países centroamericanos buscarán, en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian con la UE, un trato «preferencial» para sus inmigrantes, pese a la directiva.

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