El Alto representante de la UE, Javier Solana, ha calificado hoy de “totalmente desproporcionada” la amenaza que ha realizado esta madrugada el presidente venezolano, Hugo Chávez, de que revisará las inversiones de los países que apliquen la directiva europea en contra de los inmigrantes indocumentados y no les venderá petróleo.

Chávez, en una rueda de prensa conjunta con el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, ha calificado de “indignante” la iniciativa, que ha llamado “directiva del bochorno”. Ha firmado también que “no irá” el petróleo venezolano a los países que adopten la medida. “Lo adelanto, no iría petróleo venezolano”, ha sentenciado. El presidente venezolano mantiene la esperanza de que “los gobiernos europeos se pronuncien en contra” de esa decisión. “¿Para qué más cumbres con la Unión Europea?”, si aplican la directiva, se ha preguntado.

Unas amenazas criticadas por Solana, que ha afirmado esta mañana que respeta “lo que pueda decir el presidente Chávez”, pero considera que esta declaración le parece “totalmente desproporionada”.

Otra de las medidas que Caracas tomará, será elaborar un listado de las inversiones en venezuela de los países europeos que apliquen la directiva para aplicarles “también una ley de retorno”. “No vamos a encarcelar a nadie, aquí respetamos. Sólo ‘dame acá mi empresa’ y directiva, que retornen para allá sus inversiones. Eso estamos dispuestos a hacerlo ya”, ha explicado.

El malestar entre los países latinoamericanos y africanos sobre la nueva directiva europea se ha hecho patente tras su aprobación el pasado miércoles en Estrasburgo. Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores de Parguay anunciaba que su representante buscará una declaración de repulsa en la próxima reunión de los estados del Mercosur el próximo 1 de julio.

Entre los aspectos más polémicos de la directiva de directiva de retorno destaca la posibilidad de mantener retenida 18 meses a una persona sin papeles mientras se tramita su expulsión. Las organizaciones de Derechos Humanos alegan que eso significa manter año y medio retenida a una persona que no ha cometido ningún delito. Aunque los estados pueden fijar un límite menor de detención, las ONGs afirman que la medida animará a los estados a encarcelar a más personas.