La medida contó con el apoyo de los grupos popular, liberal y de la Unión por la Europa de las Naciones.

Estrasburgo- La controvertida Directiva sobre el Retorno de Inmigrantes en situación irregular superó ayer el escollo parlamentario de una Cámara dividida, pero con menos problemas de los previstos. 369 eurodiputados votaron a favor, 197 lo hicieron en contra y 106 se abstuvieron. Como estaba previsto, se mostraron a favor de modo mayoritario los grupos popular, liberal y de la Unión por la Europa de las Naciones, mientras que se opusieron buena parte del Grupo Socialista (algunas delegaciones, como la española, votaron a favor), así como los Verdes y la Izquierda Unitaria.
La propuesta de estos dos últimos grupos para rechazar íntegramente el texto propuesto sólo fue apoyada por 114 votos a favor, frente a los 538 que votaron en contra.
A pesar del voto favorable de algunas delegaciones socialistas, la eurodiputada francesa Martine Roure afirmó que su grupo «no ha estado muy dividido» y «se mantuvo sólido y unido». A los parlamentarios socialistas que votaron a favor «no se lo podemos reprochar», dijo Roure, ya que han considerado que «era mejor ese texto que nada».
Armonizar normas nacionales
La Directiva armonizará las normas nacionales, que en la actualidad son muy dispares. Por ejemplo, el período de retención de un inmigrante indocumentado se limita a 30 días en Francia y a 40 en España, pero alcanza los 18 meses en Malta. Incluso hay siete países donde no hay plazo máximo y la retención puede tener carácter ilimitado: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.
Con la nueva Directiva, el plazo de retención será de seis meses, ampliables a 18. Eso sí, cada Estado miembro podrá fijar la duración del período por debajo del máximo establecido.
El texto prima el retorno voluntario de los inmigrantes sin papeles, que contarán con un plazo de entre 7 y 30 días para abandonar el país. Si no lo hacen y finalmente son expulsados, se les prohibirá su reentrada en la UE durante 5 años.
En España, esta prohibición es de tres a siete años. Ante un riesgo de fuga, las autoridades judiciales o administrativas podrán dictar su ingreso en un centro de retención.
La Directiva también prevé la asistencia legal gratuita a aquellos inmigrantes irregulares que carezcan de recursos. La financiación está prevista en el Fondo Europeo para el Retorno, que cuenta con una asignación de 676 millones de euros para el período 2008-2013.
En el caso de que un menor ingrese en un centro de retención, se hará «por el menor tiempo posible».
La Directiva no afecta a las peticiones de asilo y no repatriará a los inmigrantes sin papeles, cuya libertad no esté garantizada en su país de origen.