Santa cruz de Tenerife. Un total de 466 inmigrantes han llegado en los últimos dos días a las costas canarias a bordo de siete cayucos que arribaron a lo largo de la jornada a puertos de Tenerife, El Hierro y Gran Canaria. Una veintena de ellos tuvieron que ser ingresados ante su deterioro físico y cuatro fallecieron, tres de ellos en el Hospital Universitario de la Candelaria y uno en el Hospital Universitario de Canarias, según informó una portavoz de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

De los más de cuatrocientos ilegales que han alcanzado las costas canarias en estas últimas 48 horas, dos tercios lo han hecho a Tenerife y Gran Canaria mientras que el resto lo hicieron a El Hierro.

Esta nueva oleada de cayucos, que parece querer aprovechar el buen tiempo y la mar en calma de los últimos días, coincide con la aprobación el miércoles en Bruselas por el Parlamento Europeo de la nueva directiva de inmigración que incluye la retención durante dieciocho meses de los sin papeles antes de ser devueltos a su país de origen y autorizará la expulsión de quienes sobrepasen los permisos de estancia.

La medida, que ha desatado numerosas críticas de varias ONG y grupos de apoyo social, también mereció ayer la reprobación de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, quien urgió a los parlamentarios y a la opinión pública europea a entender la necesidad de protección de “las garantías fundamentales de las personas en situación de irregularidad”.

fraccionar los DD.HH. Asimismo, afirmó que hace falta considerar estos casos “en el marco económico en que se producen” y destacó la falta de entendimiento de las razones que difieren de las violaciones de los derechos civiles y políticos, y que también obligan a la gente a desplazarse.

“La gente que se desplaza sin ser perseguida por su Gobierno por razones políticas, sino porque tiene hambre o huye de una epidemia, es decir, la que está en peligro en los terrenos económico y social, nos interesa mucho menos”, sostuvo la comisionada.

En este sentido, consideró que el mundo occidental ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en dos grupos, los civiles y políticos, y los económicos y sociales.