M. V.
MADRID

“No vamos a hacer ninguna trasposición de la directiva” de los sin papeles aprobada por el Parlamento Europeo. Así de rotunda se mostró ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al ser preguntada por la polémica norma que establece un plazo de internamiento de los irregulares de hasta 18 meses, les otorga escasas garantías judiciales y permite repatriar a menores sin familiares en el país de origen.
De la Vega, y más tarde el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, sostuvieron ayer que para otros países europeos donde ni siquiera existe lí-
mite en el tiempo de retención “la nueva norma es un avance”, pero para España, “donde el nivel de garantías es muy alto”, no comportará cambio alguno, porque la directiva “establece unos mínimos”, pero no fija ningún máximo en la cota de garantías.
La única modificación legislativa prevista por el Gobierno en este terreno es la ampliación del tiempo de retención de 40 a 60 días que ya había sido propuesta por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

POSIBLE SANCIÓN A BORRELL
Donde sí tendrá consecuencias la directiva será entre los europarlamentarios socialistas españoles. Los dos que votaron en contra de la directiva o se abstuvieron, Josep Borrell, Raimon Obiols y Mar-
tí Grau, podrían ser sancionados cuando concluya la investigación abierta por su grupo.
También en el terreno de la inmigración, el Consejo de Ministros examinará hoy el decreto ley por el que se ofrecerá a los extracomunitarios en paro la posibilidad de capitalizar, es decir, de cobrar casi de una sola vez el subsidio de desempleo para que regresen a sus países.
A este decreto ley podrán acogerse, según ha calculado el ministerio, unos 100.000 inmigrantes, que son los que cumplen con estos cuatro requisitos: estar en paro, tener los papeles en regla, tener derecho a cobrar la prestación y ser originario de uno de los 19 países que actualmente tienen suscrito un convenio con la Seguridad Social española. El INEM calcula que, como máximo, el 15% de esos 100.000 extranjeros estarán interesados en aceptar dicha oferta.