El Gobierno ha instado al Grupo Parlamentario Socialista a que “reactive” la Subcomisión sobre la Política de Inmigración del Congreso de los Diputados para que, después de verano, comience a debatir la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería y, si sale adelante la propuesta del Ejecutivo, el nuevo texto incluirá una ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo de retención de inmigrantes en espera de repatriación, no por la aplicación de la recién aprobada Directiva europea de Retorno, que marca plazos de hasta 18 meses, sino porque según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el periodo máximo actual “en ocasiones, resulta escaso” para efectuar los trámites de repatriación.

Según avanzó ayer De la Vega, el objetivo es que los diputados comiencen a trabajar en la modificación del texto en septiembre, para que el redactado final pueda ser sometido a votación en el Parlamento “antes de que acabe el año” y la reforma entre en vigor en 2009.

Esta modificación, que De la Vega define en términos de “reforma limitada y concreta”, pasará por incorporar “derechos fundamentales” de los extranjeros como el de asociación y sindicación, por orden de una sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, servirá para efectuar la transposición de “algunas directivas” europeas, como la conocida como “de larga duración”, sobre los inmigrantes con residencia permanente en territorio comunitario.

En paralelo, el Gobierno introducirá las modificaciones ya anunciadas por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para restringir el derecho de reagrupamiento de los extranjeros al núcleo familiar, es decir, el matrimonio y los hijos menores de edad. Según De la Vega, adoptar esta decisión es la vía para “poder seguir asegurando” a todos los ciudadanos “la protección del Estado”.

De la Vega compareció en la Moncloa tras celebrar la reunión inaugural de la Comisión Delegada para Política de Inmigración, compuesta por los titulares ministeriales de Asuntos Exteriores, Trabajo e Inmigración, Fomento, Igualdad e Interior. Esta comisión se reunirá regularmente para analizar la evolución de la política española en la materia.

Además de la reforma de la Ley de Extranjería, la vicepresidenta abordó otras cuestiones relativas al fenómeno de la inmigración que están “en la agenda” de Gobierno, como la propuesta de Corbacho para incentivar, mediante la capitalización del desempleo, el retorno de los extranjeros que se queden en paro en España, que analizará mañana el Consejo de Ministros y se discutirá en la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada para el próximo 9 de julio.

Fernández de la Vega aseguró que la nueva Directiva Europea de Retorno “no afecta a la legislación española”, por lo que no se hará ninguna transposición que conlleve ampliar el tope de internamiento de los inmigrantes ilegales a dieciocho meses.

A su juicio, la directiva aprobada ayer en la Cámara europea permite “establecer garantías donde no las había”, ya que unos nueve países ni siquiera tenían un límite de internamiento de los inmigrantes y era conveniente adoptar una “política común”.

Ésta no es la situación de España porque la retención de extranjeros antes de su expulsión está contenida “en una legislación muy garantista”, que es “eficaz”, y sus procedimientos están “todos judicializados” en las “mejores condiciones”.

“No afecta a nuestro ordenamiento interno”, sentenció la vicepresidenta sobre la normativa de la UE, que ha sido criticada duramente por los países latinoamericanos y por las organizaciones sociales, por entender que criminaliza a los inmigrantes.

Recalcó que es “radicalmente falso” que el Ejecutivo español haya promovido la ampliación de los plazos de privación de libertad, ya que lo que ha hecho es más bien “todo lo contrario” al mantener una postura “coherente” para crear “condiciones mínimas de garantías” para los afectados.