Siete cadáveres esperan en las cámaras del Instituto de Medicina Legal de la provincia tinerfeña para ser enterrados, cuatro de ellos corresponden a los fallecidos esta semana en los centros hospitalarios de la capital, pero los otros tres llevan meses olvidados, según afirmaron a EL DÍA fuentes conocedoras de los hechos.

Es triste comprobar la soledad de los muertos, sobre todo cuando se trata de inmigrantes.

La Delegación del Gobierno deja de tener interés por ellos alegando que son responsabilidad de los jueces y, como nadie los reclama, los juzgados llegan a olvidarse de que están meses y meses en las cámaras mortuorias, amparándose en que debe pasar un tiempo legal antes de enterrarlos por si algún familiar pide el cuerpo.

Este periódico ha sido testigo de los enterramientos de alguno de ellos, tanto en el Cementerio de Santa Lastenia como en el de Arona.

La única documentación que lleva el difunto en el coche fúnebre que lo traslada hasta el camposanto es la fecha de su muerte junto a la palabra “inmigrante indocumentado”. En alguna ocasión también figura la fecha del cayuco en el que llegó, si es que se sabe, porque la muerte se ha producido en la propia embarcación.

A la hora de ser enterrados se actúa de la misma forma que con los indigentes, pero con la diferencia de que en la lápida no figura ninguna identificación, por lo menos en Tenerife, aunque en las que existen en el Cementerio de Puerto del Rosario (Fuerteventura) sí aparece la fecha.