En plena polémica por la Directiva de Retorno aprobada el miércoles en el Parlamento europeo, el Gobierno español desveló ayer sus cartas en materia de extranjería con la advertencia de que la ley se endurecerá, pero sin llegar al blindaje aprobado por Bruselas. Como ejemplo, la vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega utilizó la controvertida propuesta europea sobre el plazo máximo de retención de los ‘sin papeles’. Mientras Europa ha consensuado ampliar el límite a 18 meses, España lo incrementará en su ordenamiento interno de 40 a 60 días.
«La directiva europea permite establecer garantías donde no las había», explicó De la Vega, en referencia a la decena de países donde ni siquiera existía un límite máximo de reclusión de los inmigrantes ilegales en espera de repatriación. «Ésta no es la situación en España», agregó, donde existe un sistema «muy garantista» y todos los procesos están «judicializados en las mejores condiciones».
La vicepresidenta del Gobierno presidió ayer la comisión delegada para las políticas de inmigración del Ejecutivo español, en la que están presentes cinco ministerios: Exteriores, Interior, Trabajo e Inmigración, Fomento e Igualdad. A su término, desveló los planes gubernamentales para reformar la Ley de Extranjería, una modificación que calificó de «limitada» y que se presentará antes de que concluya el año con la intención de que entre en vigor en 2009.
La actualización legislativa, que ayer ya recibió las primeras críticas desde la oposición, incluirá el aumento a 60 días del tiempo de reclusión posible antes de repatriar a los ‘sin papeles’, un plazo alejado de los 18 meses aprobados por el Parlamento europeo y que se justifica, según la vicepresidenta, en que el actual periodo de 40 días resulta «escaso» para proceder a los trámites necesarios para proceder a devolver a su país a los indocumentados. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, valoró ayer en una entrevista radiofónica que los 18 meses aprobados en el Bruselas con el apoyo de los socialistas españoles, salvo tres diputados ‘díscolos’ es «muchísimo tiempo», pero alertó de que el plazo «para devolver a un inmigrante que ha llegado ilegalmente a un país no está en manos de lo que diga la directiva, ni en manos de nuestras leyes, sino en la capacidad de cooperación política y diplomática que tengamos con los países de origen», apostilló Zapatero. «Se lo explique a Berlusconi y alguna matización ha hecho agregó el presidente, pero no va a devolver a más inmigrantes a los países de origen porque haga leyes más duras».
En segundo lugar, la modificación de la Ley de Extranjería recogerá lo adelantado por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en relación con las posibilidades de optar al reagrupamiento familiar. Corbacho ya anunció que se plantea restringir este derecho de forma exclusiva al núcleo familiar de los inmigrantes residentes en España, es decir, a su cónyuge y a los hijos menores de edad. Según explicó ayer, este plan reduciría un 40% el número de inmigrantes que podrían llegar a España en los próximos cinco años.
Corbacho explicó ayer que el mantenimiento de un sistema «más extenso» podría motivar la llegada de «más de un millón de personas» en cinco años, una afluencia «masiva» que podría comportar un «desequilibrio negativo» para la economía. El ministro recordó que a través de la fórmula del reagrupamiento la población que se incorpora al país es por lo general «pasiva, y no activa», lo que significaría un problema «en un país donde el envejecimiento ya es muy importante», apuntó. «Es lo que ocurriría si se permite reagrupar a sus padres y a sus suegros y, tras un tiempo, que estos también puedan hacerlo», defendió. El año pasado se regularizaron en España casi 130.000 extranjeros mediante este procedimiento.
«Maletas para todos»
El Ejecutivo, según anunció ayer De la Vega, también quiere aprovechar la modificación legislativa para incorporar a la normativa los derechos de asociación y sindicación de los inmigrantes , limitados por una ley aprobada durante el último mandato del PP y reconocidos por el Tribunal Constitucional.
El Gobierno confía en que el nuevo clima político y la distensión de las relaciones con el Partido Popular contribuya a fraguar un acuerdo en esta materia que permita aprobar la ley a finales de año y que entre en vigor en 2009. Ayer, sin embargo, los populares dieron el primer toque de atención al Gobierno por sus planes. «Han pasado del ‘papeles para todos’ al ‘maletas para todos’», censuró el portavoz de inmigración de los conservadores en el Congreso, Rafael Hernando. A su juicio, las reformas que pretende impulsar «evidencian el fracaso» de las políticas de inmigración «que se han venido aplicando». Algunas asociaciones de extranjeros criticaron el «giro regresivo» del Gabinete Zapatero mientras IU le acusó de poner a los inmigrantes «a los pies de los caballos».
En Euskadi, los partidos que sustentan al Gobierno vasco tratarán de que las instituciones «hagan pública su negativa a secundar la Directiva de Retorno» aprobada por la UE y que se declare a Euskadi como «comunidad libre de racismo y xenofobia». El lehendakari Ibarretxe juzgó «una barbaridad» esta directiva, «que trata a los inmigrantes como ganado».