P. A. O.
VALENCIA. Los eurodiputados socialistas valencianos, María Sornosa Martínez y Vicente Miguel Garcés Ramón, votaron el pasado miércoles a favor de la el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes irregulares acordado por los gobiernos de la Unión, que establece que los «sin papeles» puedan ser retenidos hasta un período máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación.
De esta manera, los dos eurodiputados respaldaron una medida que contempla una serie de severas cortapisas a la inmigración mientras que sus compañeros de la Comunidad mantienen una dura oposición a la futura ley de integración valenciana, de la que desde la Conselleria de Inmigración se ha reiterado que será de carácter «voluntario y no impositivo» y que no tiene el cariz del plan que se aprobó en Bruselas, el cual posee un marcado tinte restrictivo.
Es más, algunos eurodiputados del PSOE como Josep Borrell o Raimon Obiols votaron en contra del proyecto, decisión que no fue compartida por sus compañeros valencianos, quienes actuaron en consonancia con el viraje que está experimentando el PSOE en sus planteamientos en el ámbito de la inmigración.
La directiva que votaron Sornosa y Garcés, que dota a la UE de un marco común para gestionar la expulsión de los «sin papeles», establece un período de 7 a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria.
Además, fija el periodo máximo de retención en 6 meses, que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros. Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en la UE.
En cambio, la futura norma valenciana, criticada por el PSPV desde que tuvo conocimiento de ella, tiene el objetivo, según destacaron desde la Conselleria de Inmigración, de garantizar los derechos sociales de la inmigración, un colectivo que se halla entre los más desfavorecidos de la sociedad.