La reunión se fijó a primera hora de la tarde del miércoles para el próximo 1 de julio. Los acontecimientos, sin embargo, se precipitaron de tal forma que ayer, a las nueve de la mañana, la diputada de Política Social, Covadonga Solaguren, se reunió con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Vitoria, Josu Izaguirre, para transmitirle su malestar con las críticas vertidas sobre la actuación de la Diputación en el centro de menores extranjeros de la Cruz Roja y recordarle, además, que en los próximos meses se abrirá el nuevo complejo en Molinuevo.
Izaguirre, pese a todo, se ratificó en todo lo declarado horas antes a este periódico. Así, reiteró a los responsables forales la posibilidad de impulsar el cierre del centro si no se toman medidas «inmediatas». «Todo tiene un límite. Esto es un escándalo. La situación es insostenible», apostilló. En este sentido, el representante del Ministerio Público volvió a trasladar a la Diputación que su obligación es velar por la educación de los menores, al tiempo que recalcó que es «inasumible» que estos jóvenes se vayan de las instalaciones a las nueve de la mañana, vuelvan a las nueve de la noche, y mientras, se pasen todo el día «deambulando por la ciudad».
En el encuentro, en el que también participó la fiscal coordinadora del área del Menor, Carmen Cotelo, Izaguirre informó a Solaguren de que el pasado día 6, funcionarios judiciales efectuaron una inspección sorpresa en las dependencias de la Cruz Roja en la que pudieron observar, entre otras cuestiones, que seis jóvenes dormían en el suelo.
Y es que ahora, pese a las obras de ampliación acometidas por la Diputación, conviven 36 chavales cuando sólo hay camas para 30. No hay que olvidar que el centro, que lleva en situación de provisionalidad cinco años, se concibió para 12 chicos.
La apertura, a final de año
En líneas generales, Solaguren, que estuvo acompañada por su ‘número dos’, Amparo Maiztegi, un asesor y el responsables de los nuevos educadores, se escudó en el inicio de las obras del futuro centro de Molinuevo para justificar que llevan meses trabajando en una solución. Pese a que un principio estaba previsto que se abriera a finales de verano, fuentes de toda solvencia consultadas por EL CORREO señalaron que podría demorarse hasta finales de año.
La diputada peneuvista, por otra parte, volvió a trasladar a Izaguirre la necesidad de que todas las instituciones implicadas trabajen codo con codo en la solución de un fenómeno que podría agravarse con la llegada del buen tiempo.
Pero la de ayer no fue la única reunión que mantuvo la titular de Política Social. Dos horas más tarde, Solaguren recibió a una delegación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava (FAVA) para informarle de las características del futuro complejo de Molinuevo, los plazos de obra y recordarles que ya no hay vuelta atrás porque el proyecto es «definitivo», recalcó.
El encuentro, que se desarrolló de forma «correcta», sirvió para que el colectivo vecinal reiterara su rechazo a la ubicación ya que, a su juicio, «hay una gran acumulación de servicios sociales en la zona». Este descontento ya se tradujo hace dos semanas en la presentación de 1.200 firmas de residentes de la zona contra la decisión foral.
Ahora, la FAVA debe decidir si pide comparecer en las Juntas Generales, como así les instó la diputada, para intentar convencer a los grupos políticos de que Coronación no es el emplazamiento idóneo. La empresa es complicada ya que sólo el PP comparte sus argumentos.