LA aprobación por el Parlamento Europeo de la polémica directiva de retorno de inmigrantes ilegales ha coincidido con la confirmación oficial por el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, del giro en política migratoria por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las consecuencias reales de la directiva de retorno dependerán, en buena medida, de la coherencia de los estados miembros de la UE con los principios de firmeza y legalidad en los que se inspira. La directiva articula una primera política europea de inmigración y, sólo por esta razón, constituye un gran avance. En lo sucesivo, la pasividad de los gobiernos europeos o sus políticas unilaterales como la regularización masiva en España en 2005 ya no tendrán la excusa de que Bruselas no da pautas comunes a los Veintisiete. Ahora hay unos criterios claros de actuación, tanto a nivel nacional como comunitario, que se resumen en disuadir a las mafias de trabajadores, aplicar procedimientos eficaces de repatriación y poner en manos de los gobiernos instrumentos adecuados para hacer valer la legalidad. No cabe duda de que la repatriación de menores de edad sin familia o la extensión del internamiento hasta dieciocho meses son medidas ingratas que mejor sería no haber tenido que tomar, pero también es evidente que Europa se ha enfrentado tarde al problema de la inmigración ilegal, cuyos efectos no sólo se sienten en el mercado laboral o en los costes sociales, sino también en la seguridad ciudadana guste o no reconocer esta realidad y en la convivencia ciudadana, distorsionada por la impermeabilidad de algunos grupos emigrantes que no se adaptan a los valores de las sociedades europeas. La directiva que ayer aprobó el Parlamento europeo empezó a discutirse en 2005, lo que da buena prueba de la lentitud de respuesta de la burocracia comunitaria.
El Gobierno español utiliza doble discurso para, por un lado, mantener mensajes tópicos propios del progresismo doctrinario y, por otro, empezar a tratar con realismo la eficacia está por ver la situación de la inmigración ilegal. Este segundo discurso es el que está utilizando el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien, sin defender propuestas extremas contra la inmigración ilegal, pero acreditando que conoce el problema gracias a su paso por la alcaldía de Hospitalet de Llobregat, está mostrando, ya sin eufemismos, el giro del Gobierno socialista en esta materia. Por lo pronto, Corbacho ha anunciado, junto con una política de incentivo del retorno de los inmigrantes que se queden sin empleo, la reforma de la reagrupación familiar de los inmigrantes, que no se va a suprimir, pero sí a restringir al núcleo familiar en sentido estricto. La experiencia demuestra que, por esta vía de la reagrupación, el efecto real de la legalización de un inmigrante se multiplicaba exponencialmente con la llegada encadenada de familiares. Así es como una inmigración de carácter laboral se ha convertido en un cambio de residencia para amplios grupos familiares. La reforma habrá de concretarse en un cambio de la Ley de Extranjería y seguramente contará con el apoyo del Partido Popular, cuya última reforma legal, en diciembre de 2003, tuvo el respaldo socialista, lo que desmiente en buena medida las críticas al unilateralismo de los gobiernos populares en esta materia. El apoyo del PP sería coherente con el programa de las pasadas elecciones, porque desde el 9 de marzo, el PSOE ha asumido el diagnóstico y parte del tratamiento que defendió Rajoy en campaña y con los que, literalmente, arrinconó a Rodríguez Zapatero, quien replicó tachando de xenófobas unas ideas que son las que ahora animan las propuestas de su gobierno. En este giro del PSOE hay, obviamente, un cálculo electoral, basado en el perjuicio que le supone en amplios sectores sociales afines el empecinamiento en ignorar el impacto negativo de la inmigración ilegal. Al margen de la motivación y del oportunismo del Ejecutivo, por puro interés nacional habrá que dar un margen de confianza a la rectificación del Gobierno y valorarla en función de las reformas legales en las que se concrete.