«Siempre son buenas palabras, pero nunca se hace nada. Todo tiene un límite. Esto es un escándalo, la situación es insostenible». La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria ha decidido dar un puñetazo en la mesa y exigir a la Diputación soluciones «inmediatas» al «lamentable» estado que sufre el centro de menores extranjeros ubicado en la sede que la Cruz Roja tiene en Vitoria. La «gravedad es tal», que el fiscal jefe, Josu Izaguirre, estudiará «todas las posibilidades que contempla el artículo 158 del Código Civil», incluida la solicitud a la autoridad judicial del cierre de las instalaciones, aseguró a EL CORREO.
Las advertencias del Ministerio Público llegan cinco días después de que los chavales residentes en este centro protagonizaran un motín de protesta por la llegada de un nuevo grupo de educadores para seguir con el programa Zabaltzen iniciado hace ya cinco años por la congregación de los Salesianos, que acaban de renunciar a su gestión. Y es que desde 2003, las dependencias de la Cruz Roja, habilitadas en un principio para 12 jóvenes, están en situación de «provisionalidad».
Un lustro después, las instalaciones siguen como entonces con la salvedad de que ahora conviven 36 chicos. Así lo constataron varios funcionarios judiciales adscritos al área del Menor que acudieron al servicio ese mismo viernes, pero por la mañana, para realizar una inspección sorpresa. El informe es «demoledor», asegura Izaguirre.
Entre otras conclusiones y pese a las obras de mejora que ha realizado la Diputación en los últimos meses, se observa que varios menores están obligados a dormir en esterillas en el suelo, que sólo hay dos duchas o que siguen estando «todo el día por la calle» porque las instalaciones «no poseen unas condiciones mínimas». Además, añade, había una sala de estar para los chicos que se ha tenido que llenar con más camas.
«La Diputación es el padre de estos menores y nosotros somos los encargados de vigilar que realiza su tarea adecuadamente», zanjó Izaguirre. El problema ya ha sido trasladado a Madrid, a la Fiscalía General del Estado, cuyos responsables han dado su plácet para que se investigue el tema y se tomen las medidas oportunas.
«Patata caliente»
De momento y «por una cuestión de lealtad institucional», el fiscal jefe ha solicitado una reunión urgente con la diputada de Política Social y Asuntos Sociales, Covadonga Solaguren. Será el 1 de julio cuando el Ministerio Público transmita su «preocupación» a la institución foral y le pida medidas «inmediatas» para solucionar el problema. En teoría, no llegarán hasta avanzado el verano con la apertura del nuevo centro de Molinuevo, en el barrio de Coronación.
«Comprendo que es un patata caliente, pero estos jóvenes no son bolsas de basura», advirtió Izaguirre. El del próximo 1 de julio no será el primer encuentro bilateral entre el Ministerio Público y la Diputación. El pasado 18 de febrero, la coordinadora de la Fiscalía de Menores de Vitoria, Carmen Cotelo, trasladó a Solaguren que si albergaban dudas sobre la supuesta mayoría de edad de algunos de estos jóvenes se pusiera en contacto con el área de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno central.
El interés de la Fiscalía por el centro de menores extranjeros tutelados por la Administración foral se remonta a 2005. En la memoria de aquel ejercicio mostraba su «profunda preocupación» por la situación en la que convivían estos adolescentes. Desde entonces, el cierre ha estado encima de la mesa, pero por una situación u otra, «siempre se ha dado un nuevo margen de confianza» a la Diputación, recuerda Izaguirre.