EL Parlamento Europeo ha dado luz verde a la polémica ley comunitaria para la repatriación de los inmigrantes irregulares. Una norma que permite recluir hasta 18 meses a los que estén pendientes de repatriación, y que una vez ejecutada no les permitirá volver a Europa en cinco años.

Aunque los 369 votos a favor de la directiva, por 197 en contra y 106 abstenciones, señalan un margen mayor del previsto, lo cierto es que la ley ha levantado muchas suspicacias, especialmente entre la izquierda europea. Denuncia que sólo después de que empezó a decaer la bonanza económica, a la que los inmigrantes en situación irregular habían contribuido con su trabajo remunerado con bajos salarios, estos son tratados ahora como un problema. También algunas instancias jurídicas lamentan que esa directiva permita un modelo penal administrativo, alejado del control judicial, lo que va en dirección contraria a los fundamentos de la cultura europea. Además, la expulsión de menores solos a países donde no tengan tutores ni familiares resulta incluso más polémica.

El control de los ocho millones de inmigrantes irregulares que hay en Europa exigen una política común. España ha porfiado en esa necesidad y por esa razón los socialistas españoles, salvo Josep Borrell y Raimon Obiols, votaron a favor, junto con los eurodiputados del PPE y los liberales. Se trata de proteger la inmigración legal y evitar que el fenómeno, debido a la crisis, se degrade hasta el estallido social.