BEATRIZ NAVARRO – Bruselas. Corresponsal

SOCIALISTAS DÍSCOLOS El grupo socialista español (salvo Borrell y Obiols) se desmarcó y votó a favor

‘DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA’ Críticas de la Iglesia, América Latina, la izquierda europea y Amnistía Internacional
Los abucheos se oían casi tanto como los aplausos cuando el pleno del Parlamento Europeo votó ayer la directiva de repatriación de inmigrantes en situación irregular, pero el resultado no dejó lugar a dudas: la propuesta fue aprobada con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, sin tocar ni una coma del texto de compromiso pactado con los gobiernos europeos, mucho más duro que la propuesta original de la Comisión Europea.

Ninguna de las enmiendas al texto de compromiso, por ejemplo para reforzar la protección de los menores, salió adelante. Los votos de Izquierda Unida, los verdes y parte de los socialistas no bastaron frente al bloque de populares, liberales y nacionalistas conservadores. Se impuso la voz de quienes admiten que la directiva es mejorable pero ponen por delante que refuerza la protección de los inmigrantes en algunos países con leyes poco garantistas, frente a la de quienes no comparten la urgencia por aprobar un texto con carencias que permite detenciones “por el crimen de huir de la miseria y la desesperación”, como dijo la socialista francesa Martine Roure.

La mayor parte del grupo socialista votó en contra del texto, tachado de aberración por su portavoz parlamentario, Claudio Fava, pero hubo notables excepciones: la delegación española dijo sí a la directiva incluso sin enmiendas, en consonancia con la posición del Gobierno, principal patrocinador de la directiva en la UE. “Nuestros diputados votarán a favor de la directiva, se mejore o no”, aseguró semanas atrás Diego López Garrido, secretario de Estado de Asuntos Europeos.

Los únicos que se saltaron la orden de Madrid fueron los rebeldes Josep Borrell y Raimon Obiols, que votaron en contra. En el debate del grupo, Borrell planteó a sus compañeros la paradoja de que en el Reino Unido se pueda detener a sospechosos de terrorismo hasta 42 días, mientras que a los inmigrantes, por una cuestión administrativa, en la UE se les pueda retener hasta 18 meses. Para el resto de los socialistas, la prioridad fue aprobar la directiva y “allanar el camino” para las normas de inmigración legal, como celebró el ponente Manfred Weber (conservador alemán), que justificó que “la primera piedra” sean las expulsiones.

La directiva avala, aunque no impone, la detención de inmigrantes en situación irregular durante seis meses, ampliables a un máximo de 18 mientras se tramita su expulsión, también cuando el país de origen tarda en enviar los papeles. Prohíbe la entrada en toda laUEa los expulsados durante un periodo de cinco años e introduce la posibilidad de retorno voluntario durante los primeros 30 días de retención.

Uno de los puntos más controvertidos es que el plazo de la orden de detención se podrá ampliar por vía administrativa, sin intervención de un juez. Además, se podrá encerrar a los menores de edad ( “con un trato especial”) en centros de retención y también expulsarlos, trámite que la izquierda denuncia que podría hacerse sin suficientes garantías.

Aunque la directiva prevé asistencia legal gratuita para los inmigrantes, en la práctica los gobiernos podrán restringir su uso, un compromiso que refleja las reticencias de países como Grecia a financiar algo que no prevé para sus propios ciudadanos o Alemania, preocupada por su coste. La Comisión Europea ha ofrecido financiarla con fondos europeos.

El resultado “no garantiza el retorno de los inmigrantes irregulares de manera digna y segura”, criticó ayer Amnistía Internacional, que reclamó a los países con legislaciones más garantistas que no aprovechen la directiva para endurecer su marco legal. La normativa entrará en vigor a los dos años de su publicación oficial y servirá para repatriar a sin papeles de países con los que la UE tiene acuerdos de readmisión. Actualmente, sólo algunos países del este y ninguno africano, de ahí que la cumbre de Bruselas reclame hoy cerrar más convenios.

Sin embargo, la directiva de la vergüenza no ha sido bien recibida fuera de la UE. Horas antes de la votación, el Senado uruguayo aprobó una resolución de condena a la directiva y en busca de apoyo para recurrir su legalidad, mientras que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, la criticaba tan duramente como el boliviano Evo Morales. “¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?”, interpeló Correa.

La Iglesia católica se ha sumado a los llamamientos de los partidos de izquierda y asociaciones pro derechos humanos para pedir a la UE que “no criminalice a los inmigrantes” y “no les prive de su libertad por infracciones administrativas”, dijo Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para Migraciones.