El Pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la polémica norma que armoniza los procedimientos de repatriación de los inmigrantes. Su apartado más polémico es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses.

La directiva recibió el apoyo mayoritario del grupo popular europeo, incluida la delegación española, y de los liberales. Los socialistas se dividieron, aunque la delegación española tenía previsto votar a favor pese al rechazo de sus enmiendas, según informaron fuentes parlamentarias. El grupo de los verdes y el de Izquierda Unitaria votaron contra el texto.

El visto bueno de la Eurocámara supone el punto y final de la tramitación de la directiva. Una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la UE, los Estados miembros tienen un plazo de dos años para introducirla en sus respectivas legislaciones nacionales. Además, tendrán un año adicional para prestar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes inmersos en un procedimiento de expulsión.

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. Por ejemplo, en estos momentos, un total de nueve países Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.

Estos Estados miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países. A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y la directiva de retorno no le obliga a ampliarlo, aunque el Gobierno ha anunciado que pretende hacerlo.

Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los Estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y treinta días.

La directiva de retorno se aplica también a familias y menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.

Los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) y la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), respaldados por la Comisión y por la presidencia eslovena, insistieron en que la norma representa un progreso porque da garantías a los inmigrantes en los Estados miembros que todavía no las tienen y no obliga a los países cuya legislación ya prevé estándares más elevados, como España.

“Europa fortaleza”

Por su parte, los grupos de izquierda alegaron que la directiva no respeta los derechos de los inmigrantes y consagra la idea de una “Europa fortaleza”. Criticaron especialmente que se fije un plazo de retención de hasta 18 meses en centros de internamiento y que los procedimientos de expulsión y de internamiento se apliquen también a menores.

La norma sobre repatriaciones fue aprobada por los ministros del Interior de los Veintisiete, con el apoyo expreso de España, el pasado 5 de junio.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, resaltó que la directiva se basa en las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, obliga a proteger los derechos de los niños, y reforzará la “seguridad jurídica de los inmigrantes”.

“La directiva reduce las zonas grises y permite luchar mejor contra la explotación que padecen los ciudadanos de países terceros en situación irregular”, dijo.

Anunció además que el Ejecutivo comunitario velará para garantizar el “estricto respeto” de los derechos de los inmigrantes.

Como portavoz del PPE actuó el eurodiputado español Agustín Díaz de Mera, que consideró que la directiva de retorno constituye un “paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración”.

La norma “es un instrumento imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal”.

En este sentido, destacó que se da prioridad al retorno voluntario, que se garantiza la asistencia letrada y lingüística a los irregulares, y que fija un plazo máximo de internamiento, lo que obligará a los nueve Estados miembros donde no existe a modificar su legislación.