Los grupos socialista, verde e Izquierda Unitaria criticaron con dureza el texto aprobado y denunciaron que muchas de las garantías para proteger los derechos de los inmigrantes se han dejado con un redactado suficientemente vago para permitir un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad a los estados.
Los eurodiputados socialistas Martine Roure y Claudio Fava destacaron que esos derechos se ven socavados en el mismo texto de la directiva por derogaciones o por redacciones como “en la medida de lo posible” y por verbos voluntarios como “podrán”.
Los tres grupos calificaron de “aberración” el texto que permite encerrar 18 meses a “personas cuyo único delito es intentar escapar de la miseria, el hambre o la guerra”. Los tres grupos también criticaron la claudicación de la Eurocámara al dictado del Consejo de Ministros de la UE, que exigió que no se introdujeran enmiendas al texto negociado.
El ponente de la directiva, el conservador alemán Manfred Weber, rechazó esas críticas y recordó que todos los grupos habían podido presentar y votar sus enmiendas. Weber recordó que un núcleo de países rechazaba cualquier tratamiento más favorable a los sin papeles.
La delegación socialista española también se mostró satisfecha con la aprobación de la directiva, porque “sienta las primeras bases de un marco común europeo para la gestión de la inmigración irregular”.