El Gobierno quiere impedir que otro millón de inmigrantes llegue a España porque considera que esta avalancha, prevista para la presente legislatura si no se modifican las actuales condiciones de reagrupación familiar, colapsará el llamado Estado de bienestar, máxime en una situación de crisis económica.

El Ejecutivo, ante la caída del empleo, también quiere animar a que retornen a sus países los inmigrantes que llegaron a España al calor de las vacas gordas. A tres meses de las elecciones que han renovado el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero para otros cuatro años, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, es el encargado no sólo de imprimir un cambio de rumbo de la política inmigratoria de los socialistas sino de llevarlo a la práctica con medidas concretas ante el nuevo ciclo económico.

El ministro, dispuesto a agarrar el toro por los cuernos pese al alud de críticas recibidas por los colectivos de inmigrantes, ha puesto en marcha las dos iniciativas citadas. La primera consiste en la reforma de la actual ley de Extranjería, cuya intención desveló Corbacho, precisamente, en una respuesta parlamentaria a CiU. Esta actualización legislativa, sostienen en su entorno, es imprescindible para adaptarla a nuevas directivas europeas y sentencias del Tribunal Constitucional, así que Corbacho cree que es el momento de introducir otras reformas. En primer lugar, para restringir la reagrupación de los inmigrantes a las familias nucleares – esto es, cónyuges e hijos menores de 18 años – y no a las extensivas – ascendientes familiares o suegros, por ejemplo, que a su vez generan nuevos derechos de reagrupación – . “Se tiene que controlar mucho que la inmigración que llegue sea regular y legal, y tenemos que ser muy estrictos. Toda la gente que tiene que venir ha de poder reagrupar pero de manera controlada, si no no se aguanta: hijos, marido… es natural pero más personas que no forman parte del núcleo familiar… tendríamos un problema grave”, aseguró ayer Corbacho en RAC1.

Otro punto de la revisión prevista es que sean los ayuntamientos, y no los notarios, los que expidan los certificados de arraigo que precisan de la existencia de una vivienda adecuada para acoger a los reclamantes de reagrupación. Una medida que se considera mucho más eficaz – un notario, por ejemplo, no descubre nunca si la nevera de la casa tiene candado, señal inequívoca de que en el piso viven varias familias – y que Corbacho ya puso en práctica en l´Hospitalet.

La revisión de la norma, entre otras cosas, quiere también cumplir la promesa del programa electoral del PSOE de que a los jóvenes reagrupados de 16 y 17 años se les otorgue el permiso de trabajo de forma automática con el de residencia, para evitar que estos chicos “acaben en la calle”. Y también busca concentrar en verano la reagrupación de menores en edad escolar.

Para este proyecto de ley, Corbacho busca el máximo consenso parlamentario. Su éxito ya está asegurado con los votos del PSOE y de CiU – que se ha mostrado favorable – , pero el ministro quiere sumar al PP por tratarse de una cuestión de Estado.