L OS inmigrantes clandestinos que sean detenidos en suelo europeo podrán pasar hasta dieciocho meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión y, una vez expulsados, no podrán volver a la UE en cinco años. El Parlamento Europeo (PE) ratificó ayer la norma aprobada hace dos semanas por los ministros de Interior, primera eurodirectiva que pretende armonizar las distintas políticas sobre inmigración ilegal de los países miembros. L OS inmigrantes clandestinos que sean detenidos en suelo europeo podrán pasar hasta dieciocho meses retenidos en centros de internamiento mientras se tramita su expulsión y, una vez expulsados, no podrán volver a la UE en cinco años. El Parlamento Europeo (PE) ratificó ayer la norma aprobada hace dos semanas por los ministros de Interior, primera eurodirectiva que pretende armonizar las distintas políticas sobre inmigración ilegal de los países miembros.

Votaron a favor 369 diputados (el 47% de la Cámara y 55% de los asistentes a la sesión), 197 en contra y 106 se abstuvieron. Los populares europeos respaldaron la directiva en bloque y los socialistas, por países: los españoles dieron el “sí”, salvo Josep Borrell y Raimon Obiols. No prosperó la enmienda de que los retenidos administrativamente hayan de ser llevados ante el juez en un plazo máximo de setenta y dos horas. Tampoco ha surtido efecto que cuarenta y cuatro países de África e Iberoamérica condenaran ante el PE lo que llaman “intento normativo de violar los derechos humanos”.

En la decisión parlamentaria ha podido pesar el temor a que Gaddafi intente embarcar hacia Europa a los 800.000 subsaharianos que malviven en su territorio con ánimo de llegar a Europa. Pero, sin duda, sobre otras consideraciones se han impuesto la mala coyuntura económica y la opinión pública de los Veintisiete, no sólo de uno u otro país. No han sido los gobernantes, sino los parlamentarios quienes han considerado que Europa no puede seguir recibiendo entre 1,5 y 2,5 millones de inmigrantes ilegales al año sin consecuencias indeseables para todos y para los sistemas públicos sociales.

Lejanas, pero recientes, quedan las fogosas proclamas de quienes se decían dispuestos a recibir a todos los que quisieran llegar, porque aquí había sitio para todos. El mismo presidente de Gobierno abrió las puertas el 1 de enero de 2007 a rumanos y búlgaros, ya ciudadanos de la UE, aunque otros países les impusieron una moratoria quinquenal. Parece bastante más difícil conciliar derechos universales y leyes nacionales que cambiar radicalmente de ideas y proscribir las anteriores.