El enlace policial de Frontex en Dakar, coronel Alioune NDiaye, ha advertido que la crisis de alimentos y la llegada de la época de mar en calma pueden dar lugar a un repunte de la inmigración irregular desde la costa africana hacia Canarias. Para intentar evitarlo, España y Senegal acaban de renovar por un año las patrullas conjuntas. Es lógico pensar que si crece la pobreza y aumentan las dificultades para acceder a los alimentos y para encontrar trabajo lo que en África Occidental se conoce como la vida cara – los jóvenes tengan la tentación de marcharse y muchos estén pensando en salir como clandestinos con las aguas tranquilas», señala el responsable senegalés de Frontex.
NDiaye apuesta por reforzar los mecanismos de control conjunto para frenar el fenómeno y se congratula de que España y Senegal hayan suscrito hace sólo unas semanas, durante la visita a Dakar del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la ampliación por un año del memorando de colaboración que en 2006 permitió la puesta en marcha de las patrullas conjuntas y la presencia del dispositivo de vigilancia coordinado por Frontex. El acuerdo fue renovado en 2007 y expiraba a final de junio.
«Las autoridades de Senegal y España coinciden en que la lucha debe ser continua», señala el coronel, «y el ministro Rubalcaba vino para seguir trabajando, aumentar los medios de control y ampliar un año la vigencia del acuerdo de vigilancia conjunta, que ha dado excelentes resultados».
La prueba de la eficacia del dispositivo de seguridad es el hecho de que en lo que va de 2008 no se ha registrado la salida de ningún cayuco con inmigrantes a bordo desde la costa senegalesa los que siguen llegando a Canarias salen mayoritariamente desde el norte de Mauritania – aunque sí se ha impedido la salida de varias embarcaciones en fase de preparación.
«Es verdad que el fenómeno no está totalmente erradicado», señala NDiaye, «hace diez días localizamos a cuarenta personas que estaban listas para embarcar en Tuba, en el centro de Senegal, y a otras 7 en la Casamance que iban a salir hacia Canarias, pero con todo las salidas se han logrado controlar porque el dispositivo de seguridad está muy bien marcado».
Las patrulleras han tenido un contundente efecto disuasorio. Durante la crisis migratoria de 2006, los cayucos navegaban paralelos a la costa hasta llegar a la altura del Sáhara Occidental, mientras que ahora para evitar los controles tienen que salir a mar abierto, lo que supone un considerable aumento del riesgo de muerte. «La gente sabe que no es fácil sortear el dispositivo», asegura.
Por otro lado, el ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno español, Celestino Corbacho, se ha mostrado partidario de cambiar la ley para limitar el derecho a la reagrupación familiar de los inmigrantes a las personas que integran el núcleo familiar – padres e hijos menores de 18 años – para no poner en riesgo el «Estado de bienestar».
«Hay que adecuar la ley para tener un mejor control y una mejor regularización» de la reagrupación familiar, dijo Corbacho, quien explicó que, actualmente, la reagrupación familiar además de entre la pareja y los hijos menores de 18 años se puede hacer extensiva a los suegros y padres y que cuando éstos regularizan su situación «son generadores de este derecho para poder volver a reagrupar». Agregó que ésta es una cadena que podría provocar – ha advertido el ministro – que en los próximos cuatro o seis años el número de personas reagrupadas sea «muy superior al numero de personas que vienen de fuera para trabajar». El ministro planteó la necesidad de «poner un cierto orden».