Detención: Seis meses máximo, ampliables a dieciocho. Sólo habrá arrestos cuando otras medidas menos coercitivas no puedan ser aplicadas.

Retorno: Imposibilidad para un expulsado de volver a la UE antes de cinco años.

Menores: La escolarización no será obstáculo para la expulsión.

Ayuda: La Comisión Europea librará fondos para garantizar la asistencia jurídica al inmigrante ‘ilegal’ en determinadas circunstancias.

El pleno del Parlamento Europeo debatió ayer en Estrasburgo la denominada Directiva de Retorno sobre inmigración ilegal y la suerte parece echada: salvo sorpresa de última hora (que no es del todo inimaginable), la Eurocámara dará hoy su visto bueno a la polémica normativa, dando por cerrado con ello su tramitación.

La Directiva de Retorno armoniza el tratamiento a ofrecer a los inmigrantes ilegales en la Europa comunitaria. Sus aspectos más controvertidos conciernen a la duración de las detenciones, la repatriación de menores aún escolarizados, la imposibilidad de que un ilegal retorne a Europa antes de que se hayan cumplido cinco años desde su expulsión o las garantías jurídicas a ofrecer a los afectados por la norma.

El debate en la Eurocámara puso ayer de manifiesto las posiciones encontradas de los dos grandes grupos en los que el pleno se ha dividido, a la hora de juzgar la iniciativa. Para la derecha, los liberales y una parte de la izquierda, el proyecto de directiva es intrínsecamente beneficioso, incluso para sus destinatarios: la inmigración ilegal. «Llevamos dos años negociando este asunto. No estamos hablando de asilo, sino de personas que se encuentran en una situación ilegal, frecuentemente en condiciones de esclavitud», decía en su intervención el ponente parlamentario Manfred Weber (PPE – Alemania).

Respondiendo a las críticas más virulentas que el proyecto de directiva ha cosechado, y que se dirigen sobre todo a los largos periodos de detención contemplados, Weber hacía notar que en algunos Estados miembros no hay plazo límite para el confinamiento de ilegales. «El retorno voluntario será prioritario y habrá derecho de recurso contra el obligatorio», manifestaba el ponente, después de haber detallado las prevenciones que se adoptan en la norma con respecto a los menores.

Jacques Barrot, vicepresidente de la Comisión y responsable de asuntos de Justicia e Interior tras la salida de Frattini del Ejecutivo comunitario, manifestó por su parte que la norma está basada en la Convención Europea de Derechos Humanos y que va a ser una disposición útil para combatir la explotación de ciudadanos de terceros países en condición administrativa irregular, por parte de los nuevos esclavistas del siglo XXI.

Críticas de la izquierda

En líneas generales, la izquierda del arco parlamentario criticó el hecho de que la nueva ley tenga un sustrato no garantista, lo que contradice la práctica normativa europea. El eurodiputado socialista italiano, Claudio Fava, interpretó el drama vivido la semana pasada en aguas italianas por una partida de inmigrantes ilegales, 150 de los cuales fallecieron ahogados. «Con la nueva directiva – decía Fava – , los supervivientes irían 18 meses a un centro de internamiento. Estamos introduciendo un principio jurídico nefasto: que se pueda privar de su libertad a un individuo durante 18 meses nada más que por razones administrativas».

El eurodiputado socialista español, Javier Moreno, estimó por su parte que la directiva constituye «un paso adelante» en el establecimiento de una política común de inmigración, pero reclamó que se vea complementada con medidas para facilitar la integración de inmigrantes y el acceso legal de estos a la Europa comunitaria.

Precisamente este tema, el de las enmiendas, es el que más puede perturbar los planes de rápida aprobación y entrada en vigor de la Directiva de Retorno. El proyecto de ley europea llega al Parlamento pactado con el Consejo, pero si el pleno modifica lo asumido con los representantes de los Estados miembros, la posición común dejará de ser válida, y habrá que buscar otra.

El ministro del Interior esloveno, Dragutin Mate, manifestó que la alteración de los planes previstos por parte de la Eurocámara tendría consecuencias muy negativas en el Consejo. «Siendo optimistas, estaríamos ante un retraso de tres años en la aprobación de la directiva».