El ministro Corbacho ha conseguido en tan sólo unas horas que se le eche encima la oposición y varias asociaciones pro Derechos Humanos. Después de que el titular de Inmigración anunciase que pretende poner freno por ley a la reagrupación familiar de los inmigrantes y de ofrecer a aquellos que estén en paro un plan de retorno voluntario a sus países de origen, muchos han querido ver en sus decisiones un reflejo de la política restrictiva que se lleva a cabo en Francia e Italia.
Así, el presidente de la Asociación pro Derechos Humanos (Apdhe), Manuel Ollé, aseguró a Servimedia que este discurso del Gobierno supone «un cambio bastante importante en sus políticas, tal vez contagiado por la influencia europea». «La reagrupación familiar es un derecho que se debe respetar», apostilló.
Del mismo modo, el portavoz de SOS Racismo, Javier Ramírez, acusó ayer al Ejecutivo de Zapatero de considerar a los inmigrantes como una carga, y nocomo una oportunidad. «Es muy evidente que lo que quieren es que vengan a España el menor número posible de extranjeros que no estén en edad de trabajar y que supongan una carga a los servicios sociales», dijo. A su juicio, el Gobierno debe aplicar la mismas políticas públicas de desempleo a los inmigrantes que a los españoles, «y no darles a entender que, con la actual crisis, ellos no pueden ser beneficiarios de políticas públicas».
Por su parte, el portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, pidió al Gobierno que centre sus esfuerzos en potenciar el retorno a sus países de los inmigrantes que residen ilegalmente en España, en lugar de ofrecer la posibilidad de volver a los que lo hacen legalmente y quieren seguir en nuestro país. Afirmó que las últimas medidas anunciadas por el ministro de Inmigración y Trabajo, evidencian «el fracaso» de las políticas de inmigración y empleo del Gobierno socialista.
El hecho de que Corbacho pretenda estimular la vuelta a su país de los inmigrantes que se queden en paro, ofreciéndoles cobrar todo el subsidio de desempleo a cambio de que renuncien a sus permisos de residencia y de trabajo y se comprometan a no retornar a España en un plazo mínimo de tres años, ha «sublevado» a más de uno. Para Echániz es «parcial y absolutamente insatisfactoria» esta propuesta que «no obedece a la necesidad» de estos inmigrantes que quieren seguir entre nosotros, y emplazó al titular de Inmigración a que la aplique sobre los casi un millón de ilegales que residen en nuestro país y que nunca han tenido un trabajo reglado. Sólo así, dijo, tendría «algo de sentido».
El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, también su sumó a las críticas al afirmar que estas medidas no pueden ser aprobadas mientras los procesos de reagrupamiento familiar estén encallados y existan denuncias por paralizar expedientes.
Y, ajenos a toda esta polémica, más de 170 inmigrantes han llegado a las costas murcianas y canarias en tan sólo 24 horas.