El número de inmigrantes legales que en los últimos cinco años han elegido la Comunitat para instalarse equivale a la población actual de Alicante. Según los datos padronales, la región ha recibido desde 2003 una oleada migratoria de 318.342 personas, la mitad de ellas procedentes de Rumanía y Reino Unido.

La Comunitat acoge hoy en día a casi cien mil inmigrantes llegados de Rumanía, de los cuales 67.000 se instalaron a partir de 2003. El incremento de los que proceden de Reino Unido ha sido similar, aunque las causas para emigrar son bien diferentes, teniendo en cuenta que en el caso de los primeros la motivación es laboral, mientras que para los británicos responde a cuestiones turísticas y residenciales.

Elizabeth, vecina de Alicante desde hace cuatro años, ha nacionalizado su nombre. “Isabel es más fácil de pronunciar para los españoles”, señala entre risas. “Vine a Alicante cuando era joven, y decidí que algún día viviría aquí”, apunta. “Me compré el apartamento por el clima y la gente, que es encantadora”, señala en correcto castellano con fuerte acento inglés. Preguntada por las dificultades de la colonia inglesa para integrarse, explica que en su caso no ha encontrado problemas y que trata con cualquier vecino, aunque reconoce que es más fácil trabar amistad con personas del mismo país. “Cuando llegas a un lugar nuevo te sientes identificado con la gente que comparte algo contigo. Eso es lo que pasa”, concluye.

En los últimos cinco años la población procedente de Rumanía se ha triplicado, pasando de 27.950 a los 95.648 que residen hoy en día en la Comunitat. Esto hace que la rumana sea la segunda nacionalidad con mayor presencia en la región, sólo por detrás de la británica, y la que más ha crecido en este periodo, con 67.698 vecinos nuevos.

El fenómeno migratorio hacia países más desarrollados, la desaparición del visado Shengen, la incorporación de Rumanía a la Unión Europea o las regularizaciones del Gobierno pueden ser algunas de las claves para explicar esta oleada migratoria, que ha llevado a que los rumanos sean los inmigrantes más numerosos en Valencia y Castellón y el segundo colectivo en Alicante, donde la colonia británica es mayor.

“La principal dificultad con la que han topado los rumanos que llegan es que han encontrado trabajo en la economía sumergida, que conlleva más riesgos”, explica Angela Placintar, de la asociación de Inmigrantes de Países del Este (AIPE).

El incremento ha sido notorio. En 2003 la comunidad rumana era la quinta en número de población, por detrás de Reino Unido, Marruecos, Colombia y Ecuador. Cinco años después sólo es superada por los británicos, aunque su aumento ha sido mayor.

Desde 2007, con la entrada de Rumanía en la Unión Europea, han sido numerosos los casos de rumanos que se han instalado en España, y por extensión, en la Comunitat. Por un lado atraídos ante la posibilidad de moverse libremente en los países de la Unión, y por otro, por una confusión, ya que muchos ciudadanos del Este pensaron que el libre tránsito también garantizaba un permiso de trabajo de forma automática. “Desde entonces por la asociación han pasado cerca de 4.700 personas en busca de trabajo, y a cada uno le tienes que explicar que la libertad de movimientos no está ligada a un contrato de trabajo”, en palabras de Placintar.


Efecto llamada

Rafael Blasco, conseller de Inmigración, apunta a las regularizaciones del Gobierno y la entrada de Rumanía en la UE como posibles causas de este aumento, aunque añade otra. “La gente tiende a emigrar a aquellos lugares en los que conoce a personas o familiares de su mismo origen, lo que puede servir de ayuda en el proceso de adaptación a la nueva sociedad”, explica. “Sin olvidar el mecanismo de la reagrupación familiar que permite a estas personas traer a sus familiares más cercanos, lo que hace que se multiplique la población”, sentencia. La Comunitat es, junto a Madrid y Cataluña, la autonomía con mayor presencia de rumanos. ¿Por qué prefieren estas regiones? Para Gabrielle Enathe, presidente de la asociación de Rumanos de Valencia Asrova – Carpatina, la clave está en el desarrollo de las regiones y en la hospitalidad de sus habitantes.

“Madrid, Calatuña y la Comunitat son las regiones más desarrolladas de España y además, reciben bastante bien a los inmigrantes”, explica. “Se han aprovechado de forma positiva de la mano de obra inmigrante”, concluye.

La colonia británica tiene una importante implantación en Alicante. De hecho, el 90% de los instalados en la Comunitat vive en la citada provincia. En los últimos cinco años, han llegado 63.700 personas procedentes de las islas.

Blasco comenta, en relación con la inmigración rumana, que se trata de dos procesos migratorios diferentes y que deben recibir un tratamiento específico.

“En la Comunitat se da el fenómeno de que algunos residentes forman parte de corporaciones municipales, un ejemplo de integración mediante la participación política”, explica el conseller. “Al proceder de países con larga tradición democrática comparten una serie de valores culturales, por lo que a priori se considera que su integración es más sencilla”, añade. “Apoyaremos a aquellos residentes europeos que quieran aprender el valenciano o conocer las instituciones”, sentencia.

La tercera nacionalidad que más ha aumentado es la marroquí. Y pese a las apariencias, los países latinoamericanos ocupan una discreta posición en el ranking. La explicación es sencilla. En 2003 ya existía una importante población residente procedente de los países americanos, y pese a que la ecuatoriana y colombiana son dos nacionalidades muy representativas por número de inmigrantes, su crecimiento no es tan destacable.

En datos generales, el 15% de las personas que residen en la Comunitat son extranjeros, una tendencia que irá en aumento en los próximos años, según las proyecciones demográficas realizadas. En el último anuario de la Fundación Ceimigra se establece que en 2011 el porcentaje aumentará hasta el 19,9%, mientras que dentro de ocho años, en 2016, uno de cada cuatro ciudadanos de la Comunitat será inmigrante.

Debido a la variedad de nacionalidades – en la Comunitat están representados más de un centenar de Estados – es complicado realizar un perfil de las personas extranjeras, aunque sí que hay puntos comunes. Según los datos reflejados en el Plan de Inmigración que prepara la Conselleria, la edad media de los inmigrantes oscila entre los 25 y los 39 años, de lo que se deduce que la motivación principal para emigrar es laboral. Hay igualdad de géneros, con cierto predominio del masculino, pues el 53% de los 732.000 inmigrantes afincados son hombres.

Según los datos de la Fundación, en el apartado de formación se produce un curioso contraste. En cuanto al nivel formativo en los países de origen, el 30% tiene estudios equivalentes al bachiller y cerca del 10% ha cursado alguna carrera. En cambio, si se toma como referencia la estadística sobre los estudios homologados a los extranjeros que recalan en España la situación cambia. El 56,7% carece de ellos y el porcentaje de universitarios cae hasta los 4,6 puntos.

En materia laboral, los inmigrantes de la Comunitat llevan una media de casi cinco años trabajando. De estos, más de dos estuvieron en la esfera de la economía sumergida, empleados de forma irregular.

Blasco ofrece otros datos que refuerzan la importancia del colectivo inmigrante en la región y la necesidad de favorecer su integración. El 13% de los escolares inscritos en colegios son inmigrantes. Además, en la Comunitat hay 86.000 extranjeros sin papeles. “Integración no es asimilación. Es respeto por la diversidad cultural y compromiso de integrarse en una sociedad de acogida como la valenciana. Y el primer paso para la integración es que quien llegue aquí venga con un contrato de trabajo, porque si no falla el primer eslabón de la integración”, explica.

La pasada semana se presentó el Plan de Inmigración y Convivencia 2008 – 2011. Este documento recoge las actuaciones a ejecutar en materia de extranjería durante el citado periodo. Establece 32 objetivos, 51 programas y 186 medidas encaminadas favorecer la integración, con un presupuesto de 6.420 millones de euros. La mayor parte de la inversión se centrará en servicios sanitarios y educativos, aunque también existen garantías jurídicas (incrementar los conocimientos en inmigración del personal de la administración de justicia), de empleo (potenciar la formación), vivienda (eliminar situaciones precarias como pisos patera o incrementar las ayudas), igualdad (mecanismos contra la violencia de género o la explotación sexual de la mujer inmigrante), o infancia (atender a menores en situación de desamparo).