El Gobierno vasco ha endurecido el proyecto de ley de Servicios Sociales para evitar que se produzcan fraudes con las prestaciones; sobre todo, para impedir que algunos inmigrantes en situación irregular puedan empadronarse en Euskadi con el propósito de reclamar servicios o subsidios mientras mantienen su domicilio real en otro lugar.
En principio, la futura ley seguirá reconociendo a los ‘sin papeles’ el derecho a utilizar los servicios sociales igual que los españoles y los extranjeros en situación legal. Basta que estén inscritos en el padrón durante un año, tal y como estaba previsto. La novedad estriba en que ahora se imponen varias condiciones adicionales: que residan de forma «efectiva» en el País Vasco, que los doce meses de permanencia sean ininterrumpidos y que ese periodo sea «inmediatamente anterior» a la solicitud de las prestaciones.
Tales modificaciones han despertado las reticencias de los socialistas vascos, que las consideran «restrictivas». El PSE-EE, cuyo concurso puede ser decisivo para la aprobación de la Ley de Servicios Sociales en la Cámara vasca, advierte de que las personas ‘sin papeles’ suelen encontrarse en una posición de indefensión y tienen problemas para cumplir los requisitos exigidos por las administraciones.
No obstante, fuentes del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales aseguraron que las modificaciones no pretenden restringir el acceso de los inmigrantes ‘ilegales’ a los servicios, sino impedir que algunas personas se aprovechen de ellos. Las mismas fuentes resaltan que se han introducido otros retoques en el proyecto de ley para que los ‘sin papeles’ puedan beneficiarse de algunas prestaciones concretas de la Ley de Dependencia (teleasistencia, residencias, etc.) en las mismas condiciones que los demás usuarios, una posibilidad que sólo se reconoce en Euskadi. Asimismo, la futura norma dispone que el tratamiento de los menores extranjeros se realice con arreglo a la Ley de Protección de la Infancia, lo que significa que los trabajadores sociales podrán actuar con su familia.
Aunque los cambios del proyecto de ley son de calado, la consejería de Javier Madrazo recalca que la versión definitiva ya enviada al Parlamento vasco goza del mismo respaldo institucional que el anteproyecto original, un documento que había sido pactado con las tres diputaciones y con la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).
Nueva redacción
Inicialmente, ese documento establecía en su artículo 3 que, para utilizar los servicios sociales, un ciudadano debía estar inscrito en el padrón municipal durante un año como mínimo, salvo en las situaciones de urgencia. Sin embargo, el hecho de que la redacción fuera tan genérica planteó inconvenientes a los equipos jurídicos del Gobierno vasco, que se encargan de revisar las iniciativas legislativas.
Al parecer, el problema más evidente era que, para abrir la puerta de la prestaciones a los inmigrantes ‘irregulares’, se terminaba exigiendo también un año de empadronamiento a los ciudadanos españoles y a los extranjeros legales, lo cual no resultaba lógico.
Por ese motivo, el Gobierno vasco decidió reescribir el artículo 3, indicando que, en primer lugar, podrán usar los servicios «las personas empadronadas y con residencia legal y efectiva en cualquiera de los municipios del País Vasco». No obstante, el derecho de los ‘sin papeles’ se recoge en un párrafo posterior, con condiciones dirigidas a evitar abusos.