En un momento en que el Gobierno se inclina por apoyar en la Unión Europea medidas que endurecen la política con la inmigración, el Congreso de los Diputados acordó ayer – a propuesta de Gaspar Llamazares y con el respaldo del PSOE – pedir al Ejecutivo de Zapatero que firme un acuerdo de Naciones Unidas que frena seriamente cualquier intento de ser más duros con los inmigrantes.

En diciembre de 1990, Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional que protege los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias. Fue ratificada hace cinco años y desde entonces la han firmado 37 países.

Llamazares, en nombre de Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds (IU – ICV), planteó ayer que el Congreso inste al Gobierno a firmar ese acuerdo internacional. El PSOE planteó una enmienda, para que se indique en el texto que esa ratificación debe llevarse a cabo «en el marco del necesario consenso para una política común migratoria en la UE», a la que el líder de IU no puso ninguna objeción.

Convergència i Unió (CiU) no apoyó la propuesta porque, según explicó el diputado Jordi Xuclà, incluye aspectos que son contrarios a la política europea sobre inmigración. Pero su grupo no votó en contra, sino que se abstuvo.

El PP tampoco estuvo de acuerdo y votó en contra de la propuesta. El diputado Guillermo Mariscal dijo que, aunque coinciden con Llamazares en que se debe evitar la explotación de los trabajadores inmigrantes y luchar contra las mafias, esta cuestión hay que consensuarla con los países de la UE.

Los demás grupos parlamentarios estuvieron a favor de la propuesta de IU – ICV y la apoyaron.

Gaspar Llamazares expresó su satisfacción porque, según dijo, aprobar su propuesta con el apoyo del PSOE es «de la máxima importancia en estos momentos en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respalda un endurecimiento de las políticas sobre inmigración que patrocinan los gobiernos de la derecha europea a través de la denominada directiva de retorno».

Derechos y protección

Llamazares destacó que en el texto aprobado por Naciones Unidas se reconoce que las personas inmigrantes o emigrantes, tengan o no documentación en regla, deben disfrutar de unos derechos que ningún Estado les puede negar. Esto choca con la propuesta europea de que se considere delito que un inmigrante no tenga la documentación en regla y, por tanto, que pueda ser expulsado.

También se indica en la Convención que los inmigrantes y sus familias no podrán ser sometidos, ni de manera individual ni colectiva, «a detención o prisión arbitrarias».

Además, tendrán derecho a la asistencia diplomática y consular, a estar separados de los condenados cuando estén detenidos y a que, en esos casos, un tribunal diga si esa detención es legal o no.