Considera que «contraviene» el Convenio Europeo de Extradición, que fija en 40 días el máximo de prisión preventiva para extranjeros El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) está en contra de la decisión del Gobierno de ampliar el tiempo máximo que los sin papeles pueden permanecer retenidos hasta que se tramita su expulsión del país. El órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los colegios de abogados considera que el plazo actual de 40 días es «suficiente» y «prudente» y vaticina que, si se modifica, «tendrá que pasar por el tamiz del Tribunal Constitucional».

Así lo expresó ayer Pascual Aguelo, presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, citando una sentencia del Constitucional de 1987 en la que se recuerda que «el carácter restringido y excepcional de la medida de internamiento [de inmigrantes] se refleja también en la existencia de una duración máxima, de modo que la medida de internamiento no puede exceder, en ningún caso, de 40 días, que es también la duración máxima de la prisión preventiva de los extranjeros prevista en el artículo 16.4 del Convenio Europeo de Extradición».

Este Convenio, de 13 de diciembre de 1957, ha sido ratificado por todos los miembros de la UE. España lo hizo el 21 abril de 1982 y actualmente sigue vigente.

Según explicó Aguelo a este periódico, «cualquier ampliación» del plazo de internamiento de indocumentados, tanto el máximo de 18 meses aprobado por la UE como el de 60 días que quiere fijar el Gobierno, «resultaría excesiva y absolutamente desproporcionada, porque contraviene este Convenio».

Y destacó que, si el plazo máximo de retención de un sin papeles fuera superior al tiempo máximo de prisión preventiva de 40 días fijado por el Convenio Europeo de Extradición, se daría la circunstancia de que «estaríamos tratando peor a un inmigrante que no ha cometido ningún delito frente a un extranjero que sí ha delinquido y al que van a extraditar». En España la inmigración ilegal no se considera un delito.

«Lo lógico es que los países que firmaron este texto lo respeten por encima de otras normas», indicó Aguelo, recordando que un convenio europeo de estas características y la doctrina del Tribunal Constitucional están «por encima» de la reforma de la Ley de Extranjería en la que se quiere incluir la ampliación del plazo de retención de los sin papeles.

El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, manifestó que lo necesario no es que se amplíen los plazos, sino que se simplifiquen los procedimientos de regularización.

Carnicer y Aguelo comparecieron ayer en una rueda de prensa para presentar la firma de un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que, en la práctica, sirvió para fijar su postura en relación a la política del Gobierno en asuntos de extranjería.

Los representantes del CGAE arremetieron contra la polémica Directiva Retorno de la UE – «nos parece mal que España haya apoyado esta directiva de la vergüenza, que no está en la cultura jurídica de este país» – ; denunciaron la situación de los centros de internamiento en nuestro país – «se conciben como verdaderas prisiones, cuando no deberían serlo» – , y criticaron el contrato de integración que el Congreso le ha tumbado al PP.

Por otro lado, reconocieron que han recibido muchas llamadas de inmigrantes pidiendo información sobre el plan de retorno voluntario anunciado por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aunque hicieron notar que esta iniciativa, que contempla la vuelta al país de origen a cambio de una ayuda económica, «no va a ser la solución para el problema de la irregularidad».