WASHINGTON. Como si se tratara de una de esas epidemias que se extienden sin control, una ola de acciones antiinmigrante se ha desplazado de pequeñas comunidades y condados a ciudades más visibles e importantes. La última ocurrió en el perímetro de la capital de Estados Unidos: un centro de asistencia a trabajadores sin documentos recibió llamadas que amenazaban con hacer estallar bombas.Las amenazas ocurrieron en una oficina de Casa Maryland, un centro de asistencia a trabajadores sin documentos ubicada en Frederick, condado a 30 kilómetros de la capital de Estados Unidos. Las llamadas, hechas por teléfono el domingo 18 de mayo, movilizaron al FBI y a la policía estatal.Las amenazas fueron dirigidas al reverendo Simón Bautista, quien encabeza Casa Maryland, la organización pro – inmigrante más grande del estado. Gracias a ella, trabajadores sin documentos pueden tener una licencia estatal de conducir. Desde hace 23 años, asiste a inmigrantes llegados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.Mario Quiroz, encargado de comunicaciones de Casa Maryland, dijo que no es la primera vez que este centro de asistencia recibe llamadas intimidatorias.Se llevan nuestros empleosNarra que con cierta regularidad reciben correos electrónicos que dicen: No los queremos, váyanse de aquí; No queremos ilegales en Maryland, y Son unos antiestadounidenses, se están llevando nuestros empleos. Pero nunca como hasta ahora esas llamadas habían sido tan amenazantes. Por eso decidieron dar aviso a la policía y por esa razón después intervino el FBI.Un estado progresistaLa investigación está en curso y hasta ahora el FBI no ha dado a conocer información sobresaliente. Aun cuando Maryland es un estado considerado progresista, en lo que va de 2008 se discutieron 25 proyectos de ley contra los inmigrantes. Todos murieron en la legislatura, dijo Quiroz.El más severo pretendía declarar el inglés como idioma oficial, exigir que los niños en las escuelas tuvieran estancia legal y restringir el número de personas que viven en una sola casa.Por un solo voto, la Legislatura estatal volvió a aprobar que los inmigrantes sin documentos tuvieran acceso a licencias de conducir.