El Partido Popular se quedó solo ayer en la defensa del modelo de política migratoria que incluyó en su programa electoral, basado en el establecimiento de un contrato de integración de suscripción obligatoria para los extranjeros que deseen establecerse en España.

Todos los grupos parlamentarios rechazaron una proposición no de ley del principal partido opositor, que ayer llevó al Pleno del Congreso esa iniciativa, cuyo trasfondo es que todo inmigrante que aspire a un permiso de residencia se comprometa por escrito a acatar las “costumbres españolas” para tener los mismos derechos que los ciudadanos nacionales.

Rafael Hernando, diputado del PP por Almería, asumió la defensa de ese contrato de integración en un hemiciclo medio vacío, mientras la selección española jugaba contra Rusia su primer partido de la Eurocopa.

En su intervención, el portavoz popular enmarcó su propuesta dentro de la nueva forma de afrontar el fenómeno migratorio que cree que se impone en la UE.

Inmigración y actitudes

“Francia, Bélgica y Holanda ya han puesto en marcha contratos como el que hoy traemos a esta cámara”, subrayó en ese sentido.

Hernando aseguró que el contrato responde a la “necesidad” de articular medidas que “faciliten” la integración, pero desde “el respeto y el conocimiento mutuo”. Su objetivo, expuso, es que personas de otras culturas renuncien a actitudes que puedan chocar con la legislación y “los valores” de España.

La propuesta del PP no suscitó el debate subido de tono que algunos preveían, pero sí el rechazo unánime de todos los partidos, que le negaron el apoyo solicitado por 188 votos en contra frente a 148 a favor.

Dos de los grupos, PSOE y CiU, plantearon enmiendas a la totalidad del texto planteado por los populares. Los socialistas lo hicieron para expresar su respaldo a la política de inmigración del Gobierno, y los convergentes para pedir un Pacto de Estado que garantice el control de los flujos migratorios y la “plena integración”, sin contratos.

La representante del PSOE, María Concepción del Castillo, señaló que la iniciativa del PP es “inútil” y “redundante” porque acatar las leyes ya es obligatorio para todas las personas que residan en España, sean inmigrantes o no.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, señaló que la propuesta del PP, que calificó de “contrato de vasallaje”, es “populista”, está basada en “prejuicios” y “propone la discriminación”.