Cero apoyos. El Partido Popular se quedó solo ayer en la defensa del modelo de política migratoria que incluyó en su programa electoral, basado en el establecimiento de un contrato de integración de suscripción obligatoria para los extranjeros que deseen establecerse en España. Todos los grupos parlamentarios rechazaron una proposición no de ley del principal partido opositor, que llevó al Pleno del Congreso esa iniciativa, cuyo trasfondo es que todo inmigrante que aspire a un permiso de residencia se comprometa por escrito a acatar las “costumbres españolas” para tener los mismos derechos que los ciudadanos nacionales.

Rafael Hernando, diputado del PP por Almería, asumió la defensa de ese contrato de integración en un hemiciclo medio vacío, mientras la selección española jugaba contra Rusia su primer partido de la Eurocopa. En su intervención, el portavoz popular enmarcó su propuesta dentro de la nueva forma de afrontar el fenómeno migratorio que cree que se impone en la Unión Europea. “Francia, Bélgica y Holanda ya han puesto en marcha contratos como el que hoy traemos a esta Cámara”, subrayó en ese sentido.

Hernando aseguró que el contrato responde a la “necesidad” de articular medidas que “faciliten” la integración, pero desde “el respeto y el conocimiento mutuo”. Su objetivo, expuso, es que personas de otras culturas renuncien a actitudes que puedan chocar con la legislación y “los valores” de España.

Comportamientos como el sometimiento de la mujer, la no condena de la violencia política, la poligamia, la mutilación genital o el tráfico de personas, explicitó, “no deben tener cabida entre nosotros, por ello y para ello creemos que es positivo este contrato”.

La representante del PSOE, María Concepción del Castillo, señaló que la iniciativa del PP es “inútil” y “redundante” porque acatar las leyes ya es obligatorio para todas las personas que residan en España, sean inmigrantes o no. También calificó el contrato de “degradante” porque busca “introducir tratos discriminatorios para los inmigrantes en relación con cualquier otro ciudadano”. La portavoz socialista avisó, además, de que la iniciativa del PP “puede generar comportamientos xenófobos”.

Más contundente fue el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, quien directamente tachó de “xenófoba” la iniciativa y afirmó que “este tipo de contratos tienen su origen intelectual en la extrema derecha europea”.

La misma inicativa, sin embargo, sí que prosperó en la Comunitat Valenciana. Precisamente, el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, justifica su implantación en que se trata de una de las promesas incluidas por el partido en el programa electoral de las pasadas elecciones.

Este contrato formará parte de la Ley de Integración que promueve el Consell y sólo afectará a los extranjeros no comunitarios. El anteproyecto se aprobará antes del 30 de junio con la idea de que sea debatido en Les Corts después del verano, por lo que su aplicación efectiva puede llegar antes de que termine el año.