Erradicar el alquiler de camas y la existencia de pisos patera, en los que se hacinan grupos de inmigrantes con pocos recursos, será una de las prioridades de la ley de Integración que promueve el Consell. Por ello, entre las medidas que contempla está instar a los Ayuntamientos, que también tienen competencias en materia de vivienda, a que aumenten las inspecciones, ya sea a través de revisiones del padrón o mediante otras medidas de vigilancia.

Para regular esta iniciativa, la normativa incluirá varios artículos sobre el acceso a la vivienda, entre ellos, “prevenir la generación de situaciones residenciales infrahumanas”, según fuentes de la Conselleria de Inmigración.

La ley, muy criticada por la inclusión de un contrato para inmigrantes, hará las veces de documento maestro cuyos principios deberán reflejarse en las normativas y ordenanzas que apliquen los diferentes municipios. Fuentes del departamento de Rafael Blasco citaron algunos ejemplos prácticos para evitar estas infraviviendas, como una ordenanza de Hospitalet del Llobregat que establece un ratio de un inquilino por cada diez metros cuadrados con el fin de evitar el hacinamiento de personas en viviendas.

Blasco convocó ayer el Foro Valenciano de la Inmigración después de dos años de inactividad para presentar el Plan Director de Inmigración, en el que se detallan las medidas que marcarán la política de integración del Consell hasta 2011. A la reunión acudieron los 24 miembros que conforman el foro (tres asociaciones, la portavoz de las Cámaras de Comercio, agrupaciones de agricultores, Cierval o sindicatos) y 15 entidades de inmigrantes sin voz en el órgano consultivo que fueron invitadas para que realizaran sus aportaciones al documento.

El plan contempla una inversión total de 6.420 millones durante los próximos cuatro años, gran parte de ellos destinados a políticas de educación y sanidad. En materia de vivienda, el gasto proyectado asciende a 64,2 millones, y la mayor inversión servirá para aumentar las ayudas a los inmigrantes. La idea del Consell es aprobar el plan antes del 30 de julio.

Mientras tanto, la ley de Integración se debatirá en las Cortes después del verano, siempre que el Gobierno valenciano apruebe inicialmente el anteproyecto el 30 de junio, según las previsiones del departamento de Blasco. Si la normativa establece el articulado jurídico, el plan de inmigración concreta el contenido, con 32 objetivos, 51 programas, 186 medidas concretas y su financiación. Algunas de las aportaciones que se realizaron ayer se incluirán en el plan, como la potenciación de los recursos para atender a los trabajadores temporeros.

Desde Red Sahel, una de las asociaciones más críticas con la política de la Conselleria, exigieron ayer mayor concreción del plan y que disponga de una partida presupuestaria específica para evitar que se quede “en humo”, tal y como explicó a Efe el portavoz, Luis Poveda. Una de sus peticiones, manifestada en el foro, fue que los cursos formativos se extiendan a los ilegales. Además, señaló que comparte objetivos del contrato de integración (conocimiento de la lengua y cultura), aunque rechaza que tenga que ser firmado.

Además, el foro aprobó una modificación estatutaria para dar cabida a 12 nuevos miembros. Diez serán distintas oenegés y entidades que representan a inmigrantes residentes en la Comunitat.