El contrato de integración implica que los extranjeros vuelvan a su país si se quedan en paro El PSOE y el PP mantendrán hoy su primer cara a cara de la legislatura sobre inmigración en el Congreso de los Diputados. No adoptarán, sin embargo, las posturas radicalmente antagonistas de otras ocasiones, debido al giro más restrictivo que ha dado el Gobierno en esta materia, en la misma línea que la UE.

Se espera, eso sí, un rechazo de los socialistas – por lo menos formal – al objeto del debate: el polémico contrato de integración para inmigrantes que han propuesto los populares.

La medida estrella sobre inmigración de Mariano Rajoy durante la campaña electoral será defendida hoy en el Pleno con un argumento – «garantizar a los extranjeros los mismos derechos y las mismas prestaciones que a los españoles» – que no se creen las principales ONG y asociaciones de inmigrantes.

«De verdad que con esto no se trata de excluir a nadie», aseguraba ayer el portavoz de Inmigración del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando. «El objetivo es buscar la integración y que todos sean respetuosos con las leyes, fundamentalmente los pertenecientes a algunas religiones o culturas en las que el hombre se siente superior a la mujer… Se pretende con esta iniciativa conseguir la igualdad de sexos», explicó.

¿A quien va dirigido este contrato? Hernando dijo que a los extranjeros no comunitarios y de habla no hispana, que se encuentran en situación regular en nuestro país y que llevan en torno a un año en España. Se aplicaría, de hecho, cuando se solicite la primera renovación del permiso de residencia y trabajo.

La intención del PP es que el compromiso sea obligatorio (a diferencia del que ha planteado la Generalitat Valenciana) y que su incumplimiento o el negarse a rubricarlo conlleven la expulsión del país.

Según el texto de la proposición no de ley en la que se fijan las condiciones de este contrato, «el inmigrante se comprometerá a cumplir las normas, a respetar los principios y valores constitucionales de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos y cotizaciones, a trabajar activamente para integrarse y a retornar a su país si durante un tiempo carece de empleo y de medios».

A cambio, la otra parte – el Gobierno – le daría al inmigrante clases de castellano (así como de catalán, vasco y otras lenguas oficiales). También financiaría infraestructuras sanitarias, educativas y de vivienda, e incluiría a los firmantes del contrato en una bolsa de trabajo en la que tendrían prioridad respecto a otros extranjeros.

Hernando destacó que «la aprobación de una moción de este estilo en el Parlamento facilitaría un acuerdo con Francia», que actualmente negocia con el Gobierno español el futuro pacto europeo de inmigración que presentará al resto de los socios comunitarios en el semestre de la presidencia gala.

Pasado mañana, el ministro de Inmigración del país vecino, Brice Hortefeux, abordará esta cuestión en Madrid con el titular de Exteriores, Miguel Angel Moratinos.

Por otro lado, el PP presentará esta semana en el Congreso una iniciativa para instar al Gobierno a prohibir por ley las regularizaciones masivas, otra de las medidas por las que apuesta Nicolas Sarkozy.